El futuro de Dreamland se tambalea. Después de que el Parlamento de Canarias votara en contra de su ubicación en una Proposición No de Ley (PNL), el Gobierno regional ha emitido un informe que lo cataloga como desfavorable. Con este documento como argumento de peso, la asociación ecologista SOS Fuerteventura ha dicho a Atlántico Hoy que se plantea ir a la justicia.
El parque temático y comercial promovido por el empresario José Antonio Newport despertó polémica desde el principio, cuando el Cabildo majorero aprobó el Interés Insular del proyecto y varios ciudadanos entraron a las instalaciones de la corporación insular para protestar. Ahora, el Ejecutivo dice en un informe al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura que vulnera la Ley de Evaluación Ambiental y aboca la iniciativa al fracaso.
Este medio se ha puesto en contacto con la Corporación Insular, pero decidió no decir “nada por el momento, más allá de que se trata de un tema aún en tramitación”.
Justificación para ir a los tribunales
“El informe de hoy es la justificación para ir a la justicia”, afirma Luis del Pozo, secretario de SOS Fuerteventura. “Si nosotros vamos a los tribunales y solicitamos la declaración de nulidad de pleno derecho con este informe que emite el Gobierno sí que tenemos argumentos de peso para poder sostenerlo”, apostilla.
Luis del Pozo opina que no se están defendiendo los intereses públicos, sino que se está haciendo un uso espúreo de la administración pública. “Si nosotros hubiéramos ido directamente a la justicia era criterio personal de la asociación. Pero cuando el propio Gobierno y el Parlamento nos da la razón y además con la contundencia con la que lo hace, queda más que evidente”, indica el activista. “Fíjate la defensa que hacen las instituciones majoreras de los intereses públicos, una auténtica barbaridad”, añade.
Carácter estratégico
La Consejería de Transición Ecológica incluye en el informe que los promotores y el Cabildo han tratado la construcción de Dreamland como la ejecución de un proyecto que no comporta ordenación, cuando sí debería haber sido así. El documento reza también que debe someterse, “en cualquier caso, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, sin perjuicio de su sometimiento a la de impacto ambiental”.
El Gobierno Canario también niega el carácter estratégico del parque temático y comercial. “Eso lo dijimos nosotros desde el primer momento, nos resulta asombroso que el equipo técnico y el cuerpo técnico del Cabildo, y los propios políticos no hayan sido capaces de determinar esa cuestión”, exclama del Pozo.
“Es una propuesta y un proyecto que pueda resultar muy interesante y loable para la economía insular como cualquier otro, pero no dentro de los parámetros especiales que supone un proyecto de Interés Insular”, agrega.
Un trámite más minucioso
El trámite ambiental, para el Ejecutivo, debería ser mucho más minucioso. La “omisión” de una evaluación ambiental estratégica, apunta Transición Ecológica, “implica que no se realice la correcta valoración de los efectos sobre el espacio natural más cercano”, a unos 400 metros.
El ecologista cuenta que “en el fondo tiene que ser el Gobierno de Canarias el que ponga los puntos sobre las íes, porque en Fuerteventura no están por la labor”. Transición Ecológica afeó a la corporación insular que no haya cuestionado este aspecto tan relevante, “aun siendo su deber”.
Vulneración de la ley
La Consejería destaca “la vulneración de la legislación estatal y autonómica en materia de suelo” y aclara que todo el suelo rústico que ahí los ocupa, en referencia a los terrenos en la zona de Huriamen, “tiene un valor natural y ambiental que debe ser tenido en consideración y es digno de protección”.
Del Pozo considera que ha quedado en evidencia que el Cabildo de Fuerteventura nunca debió haber permitido ese inicio del procedimiento, puesto que no se reúnen las condiciones que dice la ley. “Cuando tú inicias un procedimiento sin tener motivos, ni tener argumentos ni jurídicos ni técnicos para hacerlo estás incurriendo en un posible caso de prevaricación”, asegura.
“Jugar fuera de juego”
Humberto Sosa, experto en Urbanismo que está en contra de que Dreamland se coloque en la ubicación prevista, dijo el pasado mes de febrero en una entrevista a este medio que el Bien de Interés Insular es una figura que se debe usar solo en situaciones excepcionales, porque de lo contrario se rompe todo el esquema urbanístico de obligaciones y derechos. “Es como jugar fuera de juego”, resaltó.
“Para montar una actividad económica hay mucho suelo urbano destinado a ello donde cabría perfectamente. En Fuerteventura hay mucho a medio usar y a medio urbanizar. O naves abandonadas. Ir a ocupar a un suelo que nunca lo ha estado es improcedente”, defiende.
Un segundo informe
En el informe de Transición Ecológica se puede leer que en el caso del parque temático majorero “no se tiene en consideración ni prevalece el derecho de los ciudadanos a la adecuada ordenación del territorio y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, sobre los intereses particulares del promotor”.
El Servicio de Biodiversidad canario emitió otro informe en el que dice que “se ha detectado la presencia de al menos 16 especies protegidas de fauna”. Algunas de ellas son el guirre, el cuervo y la hubara que están en peligro de extinción, o la musaraña canaria, con la categoría de vulnerable. En este documento se especifica la “afección a la hubara y su hábitat” que supondría la construcción del parque temático.
Luis del Pozo resalta que para SOS Fuerteventura la batalla a nivel administrativo está ganada. “Pero es que realmente no nos fiamos en absoluto ni de este Gobierno socialista, ni de este gobierno de AMF en el Cabildo de Fuerteventura, ni de este tipo de empresarios”, manifiesta.
Reacción de Coalición Canaria
Lola García, líder de Coalición Canaria (CC) en Fuerteventura, declara a este medio que lo que dice el Gobierno es lo que llevaban diciendo ellos desde el principio sobre la vulneración de la Ley del Suelo y la protección del territorio. “Eso lo veníamos diciendo, por eso nos opusimos en su momento a la declaración de interés insular y ahora vemos cómo nos dan la razón”, atestigua. “De hecho, lo presentamos nosotros también en las alegaciones”, indica.
Sobre si esto supone el principio del fin de Dreamland, destaca que eso ocurrió cuando “los compañeros en La Oliva presentan una moción del rechazo a la ubicación, es aprobada y se lleva al Parlamento. Ahora ya le corresponde al Gobierno de Canarias decidir”. García dice que igual el informe no es vinculante para el señor Lloret, pero sí para toda la sociedad que se ha manifestado en contra del proyecto.
“Yo espero que el proyecto definitivamente no se haga ahí. Con toda la información que tienen y los informes, imposible ya que se pueda realizar en esa ubicación. Espero que no tengamos que ir a los tribunales”, sentencia.
Reacción del Partido Popular
El Partido Popular de la isla majorera celebró la postura del Ejecutivo en el documento conocido este lunes. “El informe del Gobierno de Canarias se sustenta en los mismos argumentos que el PP denunció en las alegaciones que presentamos contra la declaración de interés insular del proyecto”, asegura Jéssica de León, líder de los populares en Fuerteventura.
“Reiteramos nuestro apoyo al proyecto, pero no a cualquier precio y menos si para ello tenemos que hipotecar nuestro entorno natural, seña de identidad de esta tierra y motivo por el que nos visitan, vienen a rodar y generan crecimiento económico y empleo en torno a estos valores”, destaca la popular.
De León pone la pelota sobre el tejado el PSOE y Unidas Podemos. “Ahora toca que dejen de usar el doble lenguaje al que nos tienen acostumbrado últimamente dependiendo de en qué isla se encuentren, ya que en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias dicen una cosa y en Fuerteventura defienden justo la contraria”.