La Comisión Parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia iba a debatir este jueves dos proyectos de ley que establecen medidas urgentes en vivienda y cultivos para la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica, un debate que se ha dejado para la sesión plenaria donde se aprobarán de forma definitiva.
En este sentido, durante la Comisión se propuso un turno inicial para presentar las enmiendas ‘in voce’ y posteriormente se pasó directamente a las votaciones dejando para el citado pleno la defensa de ambos proyectos.
El pasado mes de abril, los cabildos y los grupos parlamentarios ratificaban los decretos ley para la recuperación agraria y de vivienda protegida en La Palma aprobados por el Gobierno de Canarias en marzo. Ambas normas flexibilizan requisitos ordinarios y agilizan los mecanismos para la construcción de vivienda protegida en 15 parcelas y marca la senda para la recuperación de la actividad agrícola y ganadera en aquellos espacios afectados por las coladas de lava.
CEIP La Laguna
Para el proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social, se presentaron por parte de los grupos que apoyan al Gobierno dos enmiendas. La primera de ellas para realizar una mejora técnica de sustitución de piso por altura, así como otra para añadir al decreto ley de medidas urgentes de vivienda la consideración como medio propio personificado a la entidad pública Visocan.
La aprobación de ambas tuvo luz verde con 10 votos a favor y seis abstenciones. En el caso del proyecto de ley de medidas en materia agraria, el grupo parlamentario Vox presentó una enmienda ‘in voce’ para incluir una nueva disposición en el decreto ley --en el cual se hacen unas previsiones especificas respecto a la iglesia de Todoque y a la asociación de vecinos—para atender la situación específica del CEIP La Laguna.
La diputada Paula Jover insistió en que “todos aquellos que estamos con el movimiento ‘Resurgir CEIP La Laguna’ y con que el Colegio Azul vuelva a su ubicación original” consideran que “deben arbitrarse los mecanismos más ágiles para que esto acontezca cuanto antes” resaltando que hay grupos parlamentarios “que han recogido firmas de este movimiento” y que la Consejería de Educación “ha perdido la oportunidad de aprobar y tramitar conjuntamente el proyecto y la ejecución de la obra” aunque “estamos a tiempo de intentar que cuanto antes los alumnos vuelvan a su centro educativo y que los vecinos que utilizaban el centro cultural de El Retamar puedan retomar sus actividades”. Señaló que “declarar de urgencia una emergencia da prioridad a la tramitación del expediente y acorta los plazos del inicio de las obras”.
Jover añadió que, aunque desde el Grupo Socialista le comentaron que creen que ya está declarado de urgencia, “los datos que tiene y el escrito que llegó de peticiones señalan que no es así”. Finalmente quedó rechazada con solo un voto a favor, nueve en contra y seis abstenciones. Además, los grupos que apoyan al Gobierno presentaron dos enmiendas, una de ellas para eximir de licencia en el caso de reubicación fuera del ámbito de la colada si ya existe una explotación agrícola o cuente con instalaciones, pero siempre garantizando un control administrativo mediante comunicación previa.
¿Qué dice cada decreto?
En materia de vivienda se tiene como objetivo adoptar las medidas precisas para promover la construcción de viviendas protegidas en La Palma y, en particular, en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, que den respuesta a la necesidad de vivienda de las personas afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja y, en general, de quienes residen en la isla y vienen demandando acceder a una vivienda de esa clase.
En el caso de acciones en materia agraria, se pretenden recuperar en las mismas condiciones las parcelas con destino principal agrario afectadas por la erupción y también contribuir a la recuperación real y efectiva de la producción agraria en el ámbito afectado apoyando especialmente a los productores que quieran restituir sus explotaciones. En este sentido se entiende por “las mismas condiciones preexistentes” la situación previa a la erupción en la que se encontraba cada parcela, edificación, construcción o instalación, incluyendo los usos y actividades que se realizaban en ellas.