Dolores Padrón ha tomado posesión de su cargo al frente de la Diputación del Común este jueves, siendo la primera mujer en los 38 años de historia de la institución. Durante el acto, celebrado en la sede del Parlamento de Canarias, bajo la presidencia de Astrid Pérez, Padrón se ha comprometido a defender los derechos de “las personas comunes” con pasión.
Designada por el pleno del Parlamento canario el 7 de mayo, Padrón sustituye a Rafael Yanes, quien estuvo en el cargo como diputado del Común desde 2018 y cuya trayectoria han reconocido tanto su sucesora como la presidenta de la Cámara.
Velar por lo derechos de las personas
La nueva diputada del Común ha sido anteriormente diputada regional por el PSOE, militancia a la que renuncia como requisito para desempeñar su nueva función sin dejar de lado sus valores y principios, que han guiados su trayectoria vital y política, aclaró. También fue la primera alcaldesa de Puerto de la Cruz (Tenerife) y delegada del Gobierno de Canarias en Madrid en la anterior legislatura.
Para Padrón, este cargo es una responsabilidad y un compromiso desde el que se propone "velar y trabajar con ahínco por la defensa de los derechos y libertades de las personas que viven en Canarias", según expresó en su discurso, comprometiéndose a actuar desde la vocación, la experiencia, el compromiso, la pasión y la empatía.
Tras reconocer la labor de sus seis predecesores (Luis Cobiella, Arcadio Díaz Tejera, Fernando Giménez Navarro, Manuel Alcaide, Jerónimo Saavedra y Rafael Yanes), subrayó que "han tenido que pasar casi cuarenta años, desde que se creó la institución en 1986, para que por primera vez sea una mujer" quien la dirija. Eso supone "una cuestión de justicia social, igualdad y derecho" que es el resultado de una lucha de siglos de "mujeres inquebrantables y resilientes", dijo.
Asuntos que afectan a la población canaria
La diputada del Común destacó que la institución tiene oficinas en todas las islas, pero se comprometió a potenciar la sede oficial de La Palma como forma de contribuir a la reactivación de la isla. Asimismo, pondrá el foco en la calidad de los servicios sociales, al ser el tema que mayor número de quejas de la ciudadanía centra, como la demora en el reconocimiento del grado de discapacidad.
Otra de las grandes áreas de mejora es la salud, con las listas de espera más altas del país, y mostró su preocupación especial por la salud mental, donde "es deber de las instituciones dotar de especialistas suficientes para cubrir la demanda y detectar los casos desde fases tempranas". "Diagnóstico, prevención, asistencia y acompañamiento son tareas inaplazables de la administración pública", afirmó.
La vivienda es otro de los derechos inalcanzables para gran parte de la población, en especial de la juventud, un malestar que quedó reflejado en las manifestaciones del 20 de abril porque la situación "es insostenible" y "estamos a años luz de lo establecido en el artículo 47 de la Constitución".
Otra de las áreas que hay que mejorar es la educación, para conseguir "un sistema público garantista, con igualdad de oportunidades para todos y todas, ratios adecuadas, calidad, plazas suficientes para no dejar fuera a nadie y servicios especiales", detalló.
"Necesitamos instituciones capaces de garantizar los derechos de las personas vulnerables y para esto hacen falta recursos", para así ayudar a los mayores a afrontar "con dignidad y alegría" la última etapa de sus vidas, a los menores en circunstancias difíciles y "a las personas que llegan desde África a nuestras cosas en condiciones desesperadas", resumió.