El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha apelado este viernes a los políticos "con sensibilidad" para que "den un paso e intenten corregir" las partidas asignadas a las políticas sociales en los presupuestos de la comunidad autónoma de 2024 para, por ejemplo, reducir unos tiempos de espera "inasumibles" para el reconocimiento o la revisión del grado de discapacidad.
En este contexto, el tiempo medio de espera para la resolución de solicitudes de grado de discapacidad, según datos del Gobierno de Canarias en mayo de 2023, era de dos años,"ocho veces más que el plazo legal, que si bien supone una mejora respecto a noviembre de 2022, cuando ascendía a 40 meses, resulta "insuficiente", ha subrayado Yanes.
En comisión parlamentaria el Diputado del Común ha anunciado que en breve comenzará la elaboración de un informe extraordinario sobre discapacidad que calcula pueda entregar la institución a la Cámara regional en 2024.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el gasto en servicios sociales por persona y por año en Canarias asciende a 276,71 euros en el Archipiélago, un 35% menos que la media nacional, "menos de la mitad que Extremadura, por no citar a las comunidades ricas", ha detallado Yanes.
Menos personal
Esa infradotación presupuestaria, ha abundado, propicia que haya menos personal en la administración para atender a este colectivo, lo que da pie a la "principal queja", en concreto un 45% del total, que traslada a la Diputación del Común: "el incumplimiento reiterado" de los plazos establecidos para la resolución y revisión de grado.
Ha recordado que hasta el pasado 20 de abril era de tres meses, pero un real decreto aprobado en esa fecha lo amplió a seis, si bien ha citado "quejas puntuales" en las que se superan ampliamente esos 24 meses de espera media.
"El colmo" es el de una persona que solicitó el reconocimiento de grado en enero de 2017 y que hasta la semana pasada cuando se lo trasladó a la Dirección General no había sido citada.
Yanes ha aludido a otros casos "más frecuentes", de 35 meses de espera, o el de niños que llevan esperando desde 2021 y 2022, cuando en estos casos el plazo legal establecido es de 45 días.
Revisiones de grados
En cuanto a las revisiones de grado "sucede tres cuartos de lo mismo", pues hay casos como el de una mujer de 93 años que lleva esperando desde diciembre de 2022, o el de una persona que lleva aguardando desde marzo de 2019.
"Si alguien a quien le cortan las piernas tiene que esperar tres años para que la administración le diga que tiene una discapacidad eso es sencillamente inasumible", ha proclamado Rafael Yanes, quien ha hecho hincapié en que del reconocimiento de esta condición dependen muchos derechos.
Entre ellos, el acceso a medidas de fomento del empleo, la adaptación del puesto de trabajo, tratamientos de rehabilitación, apoyos educativos, asignaciones por hijo con discapacidad, beneficios fiscales o descuentos en el transporte.
Ha aludido a otras quejas relacionadas con la denegación del acceso a tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, con la acreditación de los perros de asistencia para acceder sin problemas a medios de transporte, centros comerciales o de salud, o con la falta de ascensores en centros educativos.
Actualización normativa
El Diputado del Común ha pedido una actualización normativa para el colectivo de discapacitados, como por ejemplo de la ley canaria de accesibilidad y supresión de barreras físicas, que data de 1995, y la aplicación de planes de discapacidad en los ayuntamientos, vigentes en estos momentos en 25 de los 88 municipios del archipiélago.
También ha reclamado el desarrollo de la ley de servicios sociales aprobada en 2019, para que el tercer sector tenga "estabilidad económica y financiera", pues las asociaciones, federaciones y cooperativas "llegan donde la administración no llega", y así gestionan el 100% de las plazas de drogodependencia y el 87% de las de discapacidad.
Asimismo, ha solicitado la expedición en Canarias, como sucede en "la mayoría" de las comunidades autónomas, de un carné acreditativo de la condición de discapacitado, y no "un papel doblado en el bolsillo" firmado por el director general de turno.
Otras iniciativas
Rafael Yanes ha informado de otras iniciativas de la Diputación del Común relacionadas con la discapacidad, como los plazos dados por Educación para la edición de libros de texto en Braille y en formato sonoro o la habilitación de baños adaptados para personas ostomizadas, pues pese a algunas excepciones en determinados municipios no existen en hospitales ni centros de salud.
En cuanto al déficit de plazas en centros ocupacionales para los chicos con discapacidad que cumplen 21 años, ha asegurado que ha solicitado a Educación el listado de espera y no se lo han dado.
Ahora bien, ha señalado que los centros ocupacionales no son la única alternativa para este colectivo, sino que también está "la integración laboral", lo que implica un coste, si bien hay algunos cabildos "con experiencia en esto".
Valorar los avances
Tras escuchar las intervenciones de los grupos parlamentarios reconociendo la gravedad de la situación y en especial de algunas cifras que "nos avergüenzan", según ha reconocido Francisco Linares, de CC, Rafael Yanes ha hecho hincapié en que "como sociedad hay que valorar que hemos avanzado".
Ha recordado que en su infancia la discapacidad "estaba oculta en las casas, avergonzaba a las familias, era motivo de chistes, de humoristas, de películas, y estaba olvidada por la administración. Existían los subnormales".
Hoy por hoy existe "una legislación" y lo que denuncia la Diputación del Común son sus incumplimientos, ha recalcado, aunque a continuación ha subrayado que detrás de las cifras "hay personas y familias que sufren" mientras esperan por la administración.