La cuestión de los vertidos de tierra a mar en Canarias se ha convertido en un asunto primordial en la agenda de la sociedad regional. En los últimos años, la guerra contra los emisarios, autorizados y no autorizados, en las Islas no ha cesado y muchas son las voces que piden acción del Gobierno de Canarias ara coger el torno por los cuernos.
Uno de los más activos es Juan Rumeu, presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales, quien tras solicitar al Gobierno de Canarias, en concreto a la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que tomen cartas en el asunto, la falta de respuesta positiva de esta administración pública le impulso a levantar una queja ante el Diputado del Común.
Archivada
Una queja que, para su sorpresa, el pasado mes de julio fue archivada y no entiende el porqué. “Nos contestan que procedían al archivo de su expediente porque recibieron un escrito de la consejería diciendo que no hay ningún tipo de irregularidad la actuación de dicha administración que motive la continuación de sus gestiones”, comparte a Atlántico Hoy un Rumeu molesto.
“El Diputado del Común es como el Defensor del Pueblo y acudes a él cuando no te han hecho caso las otras administraciones”, resalta, antes de contextualizar que llegaron al Diputado del Común, Rafael Yanes, después de que el Parlamento de Canarias no atendiera a su solicitud de que estudiasen en una comisión la situación de los vertidos y que se señalara al Gobierno para que elaborará un plan y solucionar este problema. “Además, el Diputado del Común nos requiere para que digamos a qué administraciones nos hemos dirigido con este problema”, agrega.
Asimismo, considera que la queja es “una versión muy concreta” de la que se debe ocupar Yanes al no haber sido atendidos por ninguna administración para que solucionar el problema. “Solicitamos la intervención del Diputado del Común para la solución del asunto puesto en la queja”, insiste.
Incumplimiento de la Directiva 91/271
Así, argumenta Rumeu que la queja era muy concreta. “Nosotros denunciamos la inacción del Gobierno de Canarias en la erradicación de los vertidos no autorizados y hacemos referencia a que el Archipiélago está incumpliendo la Directiva 91/271 desde el año 91, porque ninguno de los gobiernos que ha tenido Canarias ha afrontado este problema conociéndolo”, expone el presidente de Consultores Ambientales.
En este sentido, indica que es desde año 2003 se empieza hacer el censo de vertidos. “Consideramos extremadamente grave que el Gobierno de Canarias, el ya cesado, conociera desde 2007 el censo de vertidos no autorizados o residuales sin depurar, incumpliendo la normativa medioambiental y que no haya desarrollado hasta la fecha un plan para erradicarlo”, argumenta.
Por ello, Rumeu recuerda que el tema de los vertidos no autorizados “es un tema gravísimo” y que afecta a la salud pública de una manera muy importante. “Mucho más de lo que se quiere, incluso, admitir y resulta que no nos hacen ni caso”, protesta. “¿En manos de quién estamos? ¿Qué hacen nuestras instituciones realmente? Esto es como siempre, que venga el siguiente y lo arregle”, escenifica relacionando los cambios en la consejería del ramo.
“Tenemos la esperanza de que la nueva consejería, ojalá, se lo tomen en serio y que arbitre soluciones”, finaliza Juan Rumeu.
La Diputación del Común, aclara
Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con el Gabinete del Diputado del Común para consultarles las causas del archivo de la queja de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales.
Así, desde el propio gabinete han querido aclarar que, “tras consultar el expediente, la queja fue cerrada al entender que se había contestado a todo lo solicitado por los reclamantes”, pero que los reclamantes tienen las puertas abiertas “si no están de acuerdo” para aclarar o explicar su desacuerdo o las dudas.