En materia de inmigración, Europa está siguiendo la senda de la descentralización. En pleno debate por el envío de migrantes a Albania por parte del Gobierno italiano, el Ejecutivo canario ha planteado la posibilidad de llegar a acuerdos con los gobiernos de Marruecos y Senegal para derivar a los menores que tutela, una cuestión que es legal pero que tiene un matiz muy importante: la voluntad del menor.
“Es legal pero es imposible devolver niños de forma significativa y menos contra de su voluntad”, resume el abogado especializado en inmigración Daniel Arencibia. Las palabras del abogado se apoyan en las declaraciones de la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, en Radio Televisión Española, donde también señalaba que si bien es un procedimiento que es posible a raíz del artículo 35.2 de la ley de extranjería, la realidad es que el procedimiento que se iniciaría es tan complicado que hace imposible en la práctica esta derivación.
Crear acuerdos
Lo que dice este artículo es que las comunidades autónomas pueden “establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia”. Estos acuerdos, sin embargo, deben asegurar “debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.
De esta forma es posible que las comunidades alcancen esos acuerdos, como plantea ahora Canarias con Marruecos, sin embargo, la potestad para las repatriaciones siempre serán del Estado y no de las comunidades. Para Arencibia este artículo es “interesante” pero plantea que el único margen que tendrían es el que la nacionalista Ana Oramas ya planteó en el Congreso de los Diputados en su debate: el de crear centros de formación en los países de origen para hacer atractiva la vuelta de los menores.
Centros de formación
“De lo que se trata es de crear una situación atractiva para los menores, para que los niños quieran volver a su país”, explica el abogado. En este sentido insiste en que se podrían crear centros de formación, como el que planteó entonces Oramas de mecánica en Senegal, que puedan ofrecer oportunidades a los menores que les motiven a partir al continente africano por tener peores condiciones de vida en Canarias.
Sin embargo señala el abogado que “todas las pruebas que se han hecho hasta la fecha han fracasado”. Lo dice porque otras comunidades ya han impulsado la creación de centros de formación en Marruecos pero fracasaron por falta de acuerdos en la gestión de los mismos, lo que provocó que finalmente se usaran para la formación de la población local.
La voluntad primero
Pero aunque las comunidades alcancen acuerdos con los países de procedencia de los menores, siempre primará la voluntad de éstos para que en efecto puedan ser trasladados. “Es necesario que el menor esté convencido de que quiere volver o que haya un juez que diga que les conviene y eso según Fiscalía es imposible hacerlo en los plazos que da la ley”, explica Arencibia.
El abogado insiste en que “no cabe duda de que la competencia para forzar una repatriación es exclusiva del Estado” y que “el Gobierno de Canarias no tiene nada que opinar sobre las repatriaciones forzadas. Lo único que puede hacer es colaborar para que haya centros de menores que resulten atractivos para los chicos”, explica.
Aunque sobre esto último matiza que es muy difícil porque “estas personas vinieron forzadas" ya que en sus países de origen "no tienen futuro. “Partimos de un punto en que la situación es tan negativa en su país como para que se juegue la vida al huir”, apunta. Además, se pregunta si, en efecto, la propuesta de Clavijo para derivar a los menores marroquíes va a solucionar el grave problema de presión que tiene el sistema de tutela de Canarias a corto plazo.