La Delegación del Gobierno en Canarias pedirá a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre la multa de 14.529 euros impuesta por la Subdelegación en Santa Cruz de Tenerife a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado por facilitar el empadronamiento a migrantes usuarios de establecimientos de acogida humanitaria.
Así lo ha anunciado este jueves el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, al ser preguntado por esta sanción antes de que presidiera una reunión ordinaria de la Autoridad de coordinación de coordinación frente a la inmigración en las islas.
Pestana estudiará el caso
Pestana ha precisado que van a estudiar "la resolución del subdelegado" de la provincia occidental del Archipiélago, "a la vista de una denuncia formulada por la Policía Nacional y, por otro lado", la recomendación que ha hecho el Defensor del Pueblo tras una queja presentada por la ONG multada.
"Probablemente, pidamos a la Abogacía del Estado un informe sobre si la sugerencia y el criterio que utiliza el Defensor del Pueblo son razonables para revocar esa sanción o, en caso contrario, confirmarla si se entiende que está justificada", ha referido Pestana.
El titular de la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que no se trata de la primera multa impuesta por los mismos motivos a otras organizaciones, que las abonaron con las reducciones correspondientes por pronto pago.