Tras el rechazo de la tramitación de la modificación de la ley de extranjería por parte del Partido Popular, Vox y Junts, este martes en el Congreso de los Diputados, a Canarias solo le queda una baza para conseguir un reparto obligatorio de los menores migrantes tutelados por Canarias por las comunidades: el decreto ley. Una herramienta que tendría que aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, en seis días, para que los mecanismos se pusieran en marcha ecuanto antes, pese a la falta de acuerdo.
Fue la primera demanda del Gobierno de Canarias, que el Ejecutivo central evitó argumentando que necesitaba el acuerdo de las comunidades, ante lo que se prefirió la tramitación a través de una proposición no de ley, que necesitaba la mayoría parlamentaria.
Finalmente no ha podido ser y el PP, junto con Junts y Vox, ha votado en contra de la tramitación de la propuesta porque pedían incluir sus demandas, pese a que su propio trámite permitía la presentación de enmiendas de todos los grupos para su posterior aprobación.
El próximo paso
Ahora todas las miradas están puestas en el 30 de julio, en el último Consejo de Ministros previo al parón político de agosto. Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, no quiso pronunciarse acerca de la posibilidad de que la reforma se aprobara mediante decreto, el diputado de Sumar Íñigo Errejón sí que aseguró tras el debate que se tramitará a través de este mecanismo.
Según recogió Efe, las declaraciones de Errejón se dieron en los pasillos del Congreso, mientras los partidos proponentes de la proposición no de ley todavía guardaban la esperanza del cambio de postura de los populares. “En todo caso, el Gobierno lo traería por decreto y lo sacaremos”, aseguró Errejón, guardando un poco de esperanza a las pretenciones del ejecutivo central.
Desde el Gobierno de Canarias (CC-PP) siempre se ha defendido la tesis de que la modificación salga adelante a través de un decreto ley y no de la proposición no de ley, para darle agilidad a la medida. Este mismo lunes, el presidente regional, Fernando Clavijo, valoraba que "lo único que podría dar respuesta a la situación de emergencia que se vive en Canarias es la aprobación de un decreto ley”.
La proposición no de ley que no salido adelante pedía la modificación del artículo 35 de la conocida como ley de extranjería para que el reparto de menores migrantes que llegan al territorio español sin acompañantes fuera obligatorio entre las comunidades autónomas y no solidario como es actualmente. Una demanda que desde el verano de 2023 reclaman desde el Gobierno de Canarias debido a que sobrepasan sus capacidades para atender a los menores en condiciones humanitarias. Canarias tutela a más de 5.000 menores, pese a que su capacidad es de 2.000, según recoge el texto de la proposición.