El 14 de marzo de 2020 el presidente Pedro Sánchez anunciaba por televisión la declaración del estado de alarma. La pandemia provocada por la enfermedad de la Covid-19 estaba causando estragos en España. Apenas un mes después, un artículo escrito por el abogado aragonés, Ramiro Grau, ya avisaba: en Internet advirtió de que una desconocida empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (caso Koldo), que no se dedicaba a la comercialización de material sanitario, era de la noche a la mañana, una gran distribuidora en medio país, del mencionado material tan deseado y necesario en los peores momentos de la pandemia.
Grau, además de acudir al Tribunal Supremo y enviar varias cartas a Moncloa advirtiendoles de lo que acababa de descubrir, se puso en contacto varios gobierno autonómicos, entre ellos, el Gobierno de Canarias que en aquella época estaba presidido por Ángel Víctor Torres. Era el primer caso del tremendo pelotazo nacional que algunos pícaros dieron durante ese periódo de confinamientos, niveles de alerta y fases de desescalada hasta volver a la “vida normal”.
Emergencia
Bastante tiempo después, el 24 de diciembre de 2021, un reconocido activista antivacunas, Fernando Vizcaíno, portavoz de Rebelión en la Granja, puso una denuncia contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en la que detallaba que el ejecutivo regional canario aprobó un contrato de emergencia a la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L., con un presupuesto muy superior al del laboratorio Bioxamina, los expendedores habituales de los Kits PCR, con sede en Polonia. Según Vizcaíno, el Gobierno de Canarias se habría gastado en la adquisición 461.000 euros más de sobrecoste.
También acusaba en su denuncia al jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Pedía Vizcaíno que a todos los investigaran por ser los presuntos autores de los delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Madrid
El 10 de marzo de 2022, Alfonso Serrano, del Partido Popular de Madrid, denunciaba en la Fiscalía a varias empresas relacionadas con el entorno del PSOE, una de ellas era precisamente Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía de la que ya había hablado y puesto en el centro de la diana, Ramiro Grau, casi dos años antes.
En mayo de 2022, llegaba otra denuncia a la Fiscalía, pero esta vez a la de Las Palmas. El ciudadano grancanario, Juan Manuel Pérez, un hombre sin formación jurídica, pero paciente y constante, analizó cientos de documentos hasta descubrir que más de una veintena de empresas habían conseguido contratos por la vía de urgencia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Saltaba a las portadas de todos los medios de las Islas, el que ahora se conoce como el caso PCR/Mascarillas y cuyo eje central ha girado en torno a la empresa RR7 United, contratada para traer un millón de mascarillas, que cobró 4.000.000 de euros y los cubrebocas nunca llegaron a su destino final que era el Servicio Canario de la Salud (SCS).
Damco
En noviembre de 2023, otro grancanario ponía una denuncia ante la Fiscalía Europea . El dueño de 7Academy, una empresa dedicada, esta vez sí, al sector sanitario, Alexis Gómez, denunciaba que el SCS le había cancelado un pedido a su compañía para el suministro de mascarillas con la mercancía ya entregada. Gómez aseguraba haber perdido casi 2.000.000 millones de euros y centraba su acusación en dos empresas relacionadas con Miguel Ángel Ramírez, Damco Trading Services y Tanoja Services. A finales de febrero de 2024 se conocía que tres empresarios y un político estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas por un presunto fraude fiscal. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas era uno de ellos. Noel Jamal, Christian Cerpa y Lucas Bravo de Laguna eran los otros tres implicados (caso Damco).
Según la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, Tabaiba, una empresa de la que Ramírez es socio único, mediaba con los clientes y se reservaba cobrar como comisión del 100% del sobreprecio que obtuviera de las ventas. Ríos expone en su escrito que Ramírez ganó 6,76 millones de euros durante el estado de alarma, por los que el Gobierno de Canarias pagó 24,7 millones de euros.
Pero la cosa no queda ahí, hay más casos y más denuncias que salpican poderosas instituciones del estado y autonómicas. Después de no se sabe cuántos millones repartidos en comisiones, ahora sólo queda esperar a conocer cuál es la próxima empresa investigada por comerciar con material sanitario durante la dura pandemia, quiénes son los nuevos (o no) empresarios implicados y a qué administraciones afecta.