El 14 de marzo de 2024 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anula la adjudicación de la obra del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide (Tenerife). La UTE FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo la lleva ejecutando desde noviembre de 2019 por 240.370.796 euros, aunque su coste actual puede rondar los 265 millones. Más de cuatro años han pasado desde que el Tribunal Administrativo aceptó un recurso de la UTE FCC y despojó de sus derechos a la Unión Temporal de Empresas Obrascon Huarte Lain, SA-Sociedad Anónima-Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, SL-Asfaltos Bahillo, SL.
Todo este embrollo tiene su comienzo el 30 de enero de 2019. Ese día la Mesa de Contratación, procedió a la apertura y calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores y al haberse presentado correctamente, acordó su admisión a la licitación. Todos los licitadores presentaron la documentación en relación a cada uno de los criterios de adjudicación y una declaración de veracidad de los datos aportados, acordando solicitar un informe técnico de valoración de las proposiciones a sus vocales técnicos.
Acto Público
El 22 de marzo de 2019 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación procediendo a la lectura y análisis del informe elaborado sobre la valoración de las proposiciones de los licitadores en los archivos electrónicos número 2 respecto a los criterios de adjudicación A.1, A.2, A.3 y A.4, no evaluables mediante cifras o porcentajes, acordando asumirlo. Seguidamente, en acto público, se comunicó a los asistentes las puntuaciones asignadas en cada uno de los criterios citados, procediéndose a continuación por el Secretario a desencriptar y abrir los archivos electrónicos número 3 relativos al criterio de adjudicación.
El 25 de abril de 2019 la UTE OHL contestó a un requerimiento realizado y presentó la justificación de su oferta. “El 13 de mayo de 2019 se reunió de nuevo la Mesa de Contratación, procediendo al estudio del informe técnico elaborado sobre la justificación presentada por la citada empresa sobre su oferta, en el que se concluye que la oferta económica se considera justificada y es viable, acordando asumirlo y estimar que la oferta era viable, informe de 8 de mayo de 2019”, destaca la sentencia a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
Recurso
El 4 de junio de 2019 se declaró la viabilidad de la oferta de UTE OHL y se le adjudicó la obra. Apenas unas semanas antes se habían celebrado las elecciones, el Pacto de las Flores estaba cogiendo forma, pero el consejero en funciones en esa época seguía siendo el nacionalista Pablo Rodríguez.
“El 26 de junio de 2019 la UTE FCC interpone recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del contrato. Los motivos de impugnación contenidos en su escrito fueron examinados por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) en su fundamento de derecho quinto (...)”, explica la sentencia.
Falta de análisis
La UTE FCC señalaba en el mencionado recurso que la Mesa se había limitado a leer el “escueto” informe redactado por tres técnicos en una sesión que duró apenas 25 minutos, lo que denotaba “falta de análisis profundo y evaluación de las importantísimas cuestiones que debían revisarse y debatirse, como los incumplimientos de la normativa laboral que, como veremos, coadyuvan al precio anormalmente bajo de la oferta adjudicataria”.
El 9 de julio de 2019 la jefa de Sección adscrita al Área Jurídica Económica presentó un informe sobre el fundamento jurídico-material y los costes laborales. El 31 de julio de 2019 el Jefe de Servicio de Contratación Administrativa y Administración General presentó otrp informe sobre los fundamentos jurídico-materiales del recurso especial.
El 11 de septiembre el TACP se procedió a requerir la emisión de un informe relativo a las cuestiones planteadas en el recurso especial por la UTE FCC. “Lo que dio lugar a que con fecha de 24 de septiembre de 2019 se remitan al Tribunal de Contratos dos informes de la misma fecha, uno elaborado por el jefe de Proyectos y Obras, y por el jefe de Sección del Área de Carreteras y el otro por la jefa de Sección de Área Jurídica Económica (también autora del de 9 de julio de 2019 y también aportado por la Administración)", argumenta el escrito.
Segunda adjudicación
Lo dos informes contestaban a lo solicitado, concluyendo el relativo al cumplimiento de la normativa laboral: “...la propuesta presentada por la UTE OHL (por un importe de 5.579.700 euros), no justifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia social o laboral establecidas por la normativa y el Convenio Colectivo del sector de la construcción de la provincia de Tenerife 2017-2021, al ser el coste laboral mínimo del Convenio colectivo 6.449.969,97 euros”., indica el documento.
El 18 de octubre de 2019 se produce la segunda adjudicación. En ese momento ya era presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y el consejero de Obras Públicas era el también socialista, Sebastián Franquis. El TACP de la Comunidad Autónoma, en base a los informes del jefe de Proyectos y Obras, del jefe de sección del área de Carreteras y de la jefa de sección del área Jurídica Económica, le dio la razón UTE FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo y asumió el informe jurídico en el que se estableció que la oferta de la UTE-OHL “debió haber sido rechazada”.
Desde entonces, la UTE FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo es quien ha llevado a cabo la obra que actualmente se encuentra a un 60%. Los expertos consultados por este periódico calculan que el disparate, que ahora ha tumbado la justicia, puede costar a las arcas públicas, si se convierte en sentencia firme, una cantidad que rondaría entre los 15 y los 20 millones de euros en indemnización a la UTE-OHL.