Hasta los 165 millones de euros está afrontando en solitario el Gobierno de Canarias en la atención a los menores migrantes, según ha asegurado este viernes la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Una cuantía que denuncian que está afrontando “sin un euro” del Estado, ante lo que insisten en la línea dura contra el Gobierno central al considerarlo como un “abandono”.
Barreto ha respondido así a una pregunta formulada durante la celebración de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia por la diputada socialista Rosa Cabrera Noda quien le ha preguntado al respecto de si se puede garantizar la realización de las pruebas para identificar la menoría de edad de los migrantes de forma ágil.
Las pruebas
Sobre esta cuestión la consejera ha señalado que “el Gobierno de Canarias en esto lo único que hace es actuar como ente instrumental”. “A petición de la Fiscalía nos solicitan que hagamos las pruebas bien a Sanidad o bien a nosotros, se hacen y se emite el informe forense”, ha explicado Barreto al respecto de las pruebas para determinar la minoría de edad.
“Es competencia del Gobierno de España determinar quienes son o no son menores y se les han facilitado todos los medios”, ha insistido la consejera. Antes de estas palabras, la diputada socialista ha apuntado que la consejería tiene que disponer de un dispositivo forense adaptado a las actuales circunstancias para abordar las pruebas de edad.
Crítica al Gobierno
“No nos consta que hayan hecho nada", ha señalado al respecto la huelga de los trabajadores del instituto de medicina legal, “porque no disponían de los medios necesarios para realizar esas pruebas de las que hablamos”, ha denunciado Cabrera, ante ello ha criticado que no han establecido un protocolo específico para agilizar estas identificaciones y no han externalizado las pruebas en la medida en que no disponían de los equipos suficientes y no han movido un dedo para que las pruebas se hagan en la isla de llegada.
Más allá de la cuestión de las pruebas de los menores, Barreto ha mantenido la línea dura de ataque al Ejecutivo central por haber anunciado “no sé cuántas veces” una partida de 50 millones que no se ha ingresado. “Ha quedado demostrado que si ha habido una administración que no ha querido hacer nada por darle un trato digno a los menores es el Gobierno de España”, ha denunciado. De hecho ha asegurado que a estas alturas del año tienen problemas para pagar a las ONGs que acogen a los menores.
Barreto ha afeado que “la primera vez que el gobierno presidido por Sánchez ha exigido a los partidos del Congreso de los Diputados el voto previo para convalidar un decreto ley, un real decreto, por un asunto cualquiera ha sido este”. La consejera ha señalado que esta exigencia no se ha pedido en otras votaciones “pero para modificar la ley de extranjería y tratar con dignidad a los menores sí”.