Aunque la Audiencia de Cuentas aún no ha aprobado el informe que en el que detecta las numerosas irregularidades en las contrataciones que realizó el Gobierno de Canarias durante la pandemia para adquirir material sanitario, si afirma que el Ejecutivo no comprobó la solvencia de las empresas. Por ello, muchos contratos fueron con empresas que no tenían la experiencia necesaria en sanidad y que, además, se dedicaban a actividades y sectores muy diferentes.
Esto causó un gasto de varios millones de euros en material completamente inservible y el Gobierno continúa justificándose en la emergencia del momento. No obstante, la Audiencia de Cuentas es clara ante este asunto y rebate esta argumentación citando un dictamen del Consejo de Estado: "incluso en la contratación de emergencia, la Administración tiene la obligación de comprobar la capacidad y la solvencia de las empresas que contrata".
Seis millones y medio de unidades
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, confirmó en la Cadena SER que en este informe se detallan graves irregularidades en la contratación durante la pandemia más allá del ya conocido ‘caso Mascarillas’. Como las más de seis millones y medio de unidades de productos COVID-19 almacenados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad.
Guantes de nitirilo ambidiestros sin polvo de tallas mediana y grande, mascarillas FFP2 sin válvula ajustable no látex, desechables, productos que en algunos casos superan el millón de unidades que no han podido ni podrán ser utilizados. A esto se le unen los monos defectuosos, mascarillas de papel, botes de gel inservibles o pantallas protectoras que, según la propia valoración del centro sanitario, rondaría los más de dos millones de euros.
Contrataciones irregulares
En este informe también se afirma que las contrataciones llevadas a cabo durante la pandemia “estuvieron muy alejadas del rigor que se le exige a un servidor público”. Además, tampoco “se dirigieron a salvaguardar los servicios económicos, motivando que parte de los productos sanitarios no cumpliesen los requisitos mínimos de calidad exigidos”.
Mucho de estos contratos se adjudicaron a dos empresas: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. e Innjoo Technology S.L, sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario. Y, más allá de esto, la Audiencia de Cuentas afirma que esta contratación de emergencia “motivó que el Servicio Canario de Salud formalizase contratos con empresas cuyo objeto social era la venta y reparación de automóviles, construcción y montaje de buques, actividades agrícolas y ganaderas, adquisición, almacenamiento de suministros industriales, etc., cuya relación con los productos a adquirir era inexistente".
Debilidad en los sistemas de control
La Audiencia de Cuentas señala que el proceso informático de justificación de pagos del Sistema Económico, Financiero y Logísticos de Canarias (Sflogic) se produce "por el mero pago a un tercero, sin necesidad de su validación, con una factura activa del registro, debidamente conformada", lo que el órgano de control señala como "una debilidad de control interno que debe ser subsanada".
De esta forma, el alcance de la contratación opaca o irregular es mucho mayor: el informe analiza solo 106 de los 1.390 contratos que se realizaron durante la pandemia. De los 106 analizados hay 35 en los que no consta ni la justificación del gasto a realizar, ni siquiera la justificación de la tramitación de emergencia. Además, el Servicio Canario de Salud realizó gastos por encima de los dos millones de euros sin contar con la autorización del Gobierno.