Después de que el pasado 19 de febrero el Gobierno de Canarias aprobara el decreto ley que implanta medidas para la emergencia habitacional, las dudas no han hecho más que rodear al texto. El informe del Consejo Consultivo de Canarias añade más leña a las dudas al considerar cierta ambigüedad respecto a la vigencia de las medidas, la intromisión en las competencias de los ayuntamientos o que busca desplazar a la ley del suelo y de vivienda.
Los cabildos y grupos de la oposición ya han solicitado que el texto se tramite como ley y pase por todo el procedimiento parlamentario y no salga únicamente del seno del Gobierno de Canarias, o de parte de él. De esta forma habría mayor participación y se podrían discutir sus medidas. El documento, sin embargo, ya está en vigor, y si bien el Consultivo ha informado favorablemente sobre la composición del texto, ha realizado varias consideraciones al detectar fallos en la norma.
Qué es la emergencia
Por una parte está la ambigüedad de la declaración de emergencia habitacional. Si bien se menciona el efectivo problema en Canarias con la vivienda al respecto de los elevados precios del alquiler y de la compra de vivienda, el Consultivo pide definir qué se considera por emergencia habitacional y “delimitar los concretos términos de este concepto”.
En sí el decreto implementa medidas que buscan paliar el problema de la vivienda que tiene Canarias. Si bien la comunidad autónoma tiene más de 200.000 viviendas vacías, el Gobierno de Canarias lo que busca con este decreto es poner aún más viviendas en el mercado, tanto de promoción pública como privada, de hecho son especialmente privadas. Entre las medidas se permitirá que oficinas puedan servir de viviendas o se permitirá a los edificios aumentar su edificabilidad en base a la ordenación local.
Delimitar el concepto
Pero ya el Consultivo señala que no solo se plantean las medidas recogidas en el texto de forma extraordinaria, sino de forma permanente, lo que “crea una especie de doble ‘regulación jurídica paralela”. De esta forma y entendiendo que se puede “comprometer los principios jurídicos básicos sobre los que se asienta la normativa autonómica en materia de ordenación territorial/urbanística y vivienda”, el Consultivo reclama que “se debe prever el mecanismo por el cual, solventada la situación de emergencia habitacional, recupere su vigencia la legislación desplazada”.
El texto choca en varios puntos con la ley de vivienda y la ley del suelo, de hecho el órgano considera que el decreto ley busca desplazar a ambas leyes. Si bien el decreto busca “prevalecer” sobre otras normas de ámbito autonómico, el consultivo recuerda que no hay jerarquía en normas del mismo rango. Por ello señalan que “no cabe la imposición de una permanencia absoluta de las disposiciones del decreto ley sobre cualquier norma posterior del mismo rango”.
Competencias
El informe también señala tres aspectos en los que se invaden competencias de las administraciones locales. Por un lado, señalan “la generalización de la técnica de desplazar el contenido de los instrumentos insulares y municipales e igualmente el acometer la ejecución de los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma sin necesidad de adaptar o modificar el planeamiento vigente; incluso contradiciéndolo”
Por otro, el establecer un “singular régimen para obras públicas declaradas de interés general que eluden el control municipal previo de licencia”. Y, por último, insisten en la necesidad de la definición en el decreto ley del concepto de la emergencia habitacional y delimitar los concretos términos de este concepto.
Críticas de procedimiento
Más allá del análisis punto por punto el Consultivo señala muchos aspectos cuestionables de la tramitación como el hecho de que no se haya trasladado el decreto ley a los departamentos del Ejecutivo que tienen competencia en Urbanismo y Ordenación del territorio, es decir, a la consejería que dirige Manuel Miranda.
El informe del Consultivo también hace alusión a la exención del procedimiento de evaluación ambiental que el decreto establece para todas las actuaciones que respondan a la emergencia habitacional. Así cuestionan que se establezca de manera general y no de forma específica para cada actuación, si bien la mayoría de las actuaciones pueden estar exentas de este procedimiento.