Más de 300 obras públicas han quedado desiertas en Canarias entre enero de 2021 y 2023 ante la imposibilidad de las empresas de cumplir los contratos por no ajustarse a los precios del mercado, según un comunicado de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP).
Así, la AECP ha asegurado que esta situación pone de relieve "la tozudez" de la mayoría de las administraciones públicas y el "flagrante incumplimiento" de las normas básicas en materia de contratación administrativa, al triplicarse en 2022 las obras desiertas respecto de 2021.
Listado liderado por los ayuntamientos
Según la nota de prensa, los ayuntamientos encabezan la lista de obras desiertas, valoradas en 57,8 millones de euros, lo que supone el 40,2 % sobre el total, seguida de la Administración del Estado, con 25,03 millones y un 18 % sobre el total.
Asimismo, los cabildos han dejado de licitar obras valoradas en 24,35 millones, lo que representa un 17 % del total, mientras que la comunidad autónoma alcanza los 23,8 millones y un 16,8 %.
Obras sin licitar
En este contexto, las empresas públicas AENA y TRAGSA dejaron de licitar obras por un importe de 11 millones de euros, el 8 % del total que sacaron a concurso público.
Por tipo de obra, señala la AECP que no se han podido licitar las infraestructuras deportivas, hidráulicas, las viarias, canalizaciones y redes, así como de equipamiento urbano, educativo, estaciones de transporte, centros geriátricos, centros culturales, aparcamientos, laboratorios y rehabilitación de edificios públicos, entre otras muchas.
Sin revisión de precios
Los constructores y promotores de Las Palmas se quejan, además, de que la gran mayoría de las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, se niegan a revisar los precios de las obras que están en ejecución (contratadas a precios anteriores a las tensiones del mercado en cuanto a las materias primas), con lo que incurren en "enriquecimiento injusto, financiándose a costa de las empresas ejecutantes y de sus proveedores, generando una cadena de incertidumbre y pérdidas económicas".
Sin embargo, la patronal reconoce que la comunidad autónoma se ha acogido al real decreto excepcional de revisión de precios y ha cooperado bonificando al 100 % de las empresas la tasa de dirección de obras (4%), al igual que los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, si bien ninguna otra administración está respondiendo al evidente desequilibrio de los contratos suscritos con las empresas.