Este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los niños que llegan a Canarias en pateras y cayucos, un documento que ya se encontraba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La corte de garantías ha tomado esta decisión después de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno canario, que se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, el cual establece la suspensión automática de normas autonómicas durante un plazo de cinco meses, mientras el tribunal evalúa el fondo del asunto.
Desde el Gobierno de Canarias, se argumenta que el protocolo limita las competencias autonómicas en materia de protección de menores, además de modificar el concepto jurídico de desamparo. También se señala que el documento impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula las actuaciones que el Estado debe llevar a cabo en el ejercicio de sus competencias.
El protocolo
El protocolo establece que los niños que llegan solos a las costas canarias sin un adulto responsable no son considerados desamparados, sino que están bajo la custodia de la Policía o la Guardia Civil. De este modo, se determina que corresponde al Estado su primera acogida y que solo se trasladarán a los centros de la comunidad autónoma una vez que hayan sido debidamente identificados y siempre que haya plazas disponibles.
A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, es importante destacar que el protocolo ya había sido suspendido previamente por el TSJC, que argumentó que su aplicación podría poner en riesgo la protección de los menores.
Saturación de recursos
Sin embargo, los magistrados del TSJC también reconocieron que el Gobierno de Canarias tenía razón al señalar la saturación de recursos disponibles y las preocupaciones sobre el proceso de entrega de menores extranjeros, a la luz de la documentación presentada.
Los magistrados del TSJC afirmaron que, aunque se entiende la complejidad de la situación que enfrenta el Ejecutivo canario, se debe priorizar siempre el interés superior de los menores. Esta situación refleja la delicada tensión entre las competencias autonómicas y las responsabilidades del Estado en la atención a los menores migrantes, así como los desafíos que enfrenta Canarias como una de las principales puertas de entrada de inmigración en España.
La decisión del TC no solo tiene implicaciones legales, sino que también plantea un debate social sobre cómo garantizar la protección y el bienestar de los menores que llegan a las islas en situaciones de vulnerabilidad. La espera de una resolución definitiva por parte del tribunal durante los próximos cinco meses será clave para determinar el futuro del protocolo y, en última instancia, la atención a estos niños en el archipiélago.