Surgen dudas respecto a la versión de Julio Pérez, actual consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo de coalición presidido por Ángel Víctor Torres, en relación a su participación en lo que se ha denominado el “pelotazo de Geneto”.
Hace unos días, se conocía a través de Mírame TV que la Fiscalía pedía investigar una decena de personas, entre ellos a dos ex presidentes del Cabildo, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC), y a Julio Pérez (PSOE) por indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el marco de la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife en 2012 por un valor de 20 millones de euros, lo que superaba un 524% su valor catastral.
Pérez, en el momento de los hechos, era primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y en representación del consistorio participaba en esa toma de decisiones del Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico (PCTT), ente dependiente del Cabildo para el que se buscaban los terrenos.
Una decena de investigados
El resto de personas a las que la Fiscalía ha pedido investigar son los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), María del Pino León (CC) y José Luis Delgado (PSOE), hoy director general del Ejecutivo regional; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez Sáez; Sergio Alonso, exgerente de la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna y hoy concejal de CC en el municipio de La Laguna; Juan Antonio Núñez, exdirector insular; y el letrado de la sociedad pública que adquirió los terrenos, José Luis Luengo.
Según la Fiscalía, los presuntos delitos se fraguaron en las reuniones mantenidas por el Consejo de Administración de PCTT, en las que Ricardo Melchior y Carlos Alonso desempeñaron un papel fundamental a la hora de convencer al resto de miembros de la idoneidad de realizar la operación.
Pérez se declara no responsable
El jueves pasado Julio Pérez alegó que participó en la reunión del consejo del Parque Científico y Tecnológico de 28 de diciembre de 2011 en la que se decidió realizar la compra presuntamente fraudulenta, pero que, sin saber que iba a votarse la adquisición, tuvo que ausentarse y delegó su voto en el también socialista José Luis Delgado. El dirigente socialista sostiene, así, que al delegar su voto en Delgado se liberaría de las responsabilidades de los actos de este.
Según esta versión, en declaraciones recogidas por El Día, Pérez afirma: “Antes de irme, me dijeron que en aquel consejo no se iba a acordar la adquisición, sino solo se iba a informar al consejo, por lo que se puede suponer que el voto no sería usado para acordar la adquisición”.
Había intención de votar
No obstante, según el acta de la propia reunión, Pérez realizó al menos una intervención antes de ausentarse en la que demostraba ser consciente de la votación que iba a tener lugar.
Así, según recoge el diario Canarias 7, Pérez se preocupó en un primer lugar por saber si las decisiones tomadas en el consejo del 25 de julio de 2011 podrían considerarse adoptadas por un órgano legalmente constituido dadas las recientes elecciones. Tras recibir una respuesta afirmativa, y tras algún turno de palabra, Julio Pérez volvió a tomar la palabra y el acta recoge lo siguiente: “Vuelve a intervenir para apuntar que si los acuerdos del consejo ya se han adoptado es cuestión de ejecutarlos simplemente, por lo que no encuentra sentido a adoptar nuevamente un acuerdo de adquisición. Sin perjuicio de ello, apunta que si los terrenos a adquirir son para reserva universitaria, lo procedente es que los adquiera el Cabildo”.
Tras formular las consideraciones, Carlos Alonso defendió la compra a través de la empresa pública. Acto seguido, Pérez se ausentó de la sala, delegando su voto en Delgado.
Se abren dudas
Esta fracción del acta abre nuevas dudas sobre la versión que el socialista esgrimió hace unos días, en la que decía no saber que se fuese a votar efectivamente la adquisición. Si bien es cierto que el acta también recoge que el letrado de la mesa indicó que los acuerdos de 19 de mayo y 25 de julio eran “suficientes para adquirir” los terrenos.
Cuando se acordó la operación, según el fiscal, los miembros del Consejo de Administración apoyaron la compraventa pese a que sabían que los terrenos no iban a tener ninguna utilidad y la operación generaría un desequilibrio financiero en la empresa pública. El CD Tenerife recibió 13 millones por los 30.000 metros de terreno en la zona de la ciudad deportiva mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias.