Conrado Domínguez, director general del Servicio Canario de la Salud (SCS), admitió en su comparecencia como investigado por el 'caso mascarillas' ante Javier Ródenas, fiscal Anticorrupción de Las Palmas, que "a final de marzo o principio de abril" de 2020 tuvo conocimiento, por parte de un director técnico de 3M, que toda la producción del material sanitario de esa empresa sólo se comercializaría en Estados Unidos por orden de la Administración Trump. Pese a disponer de esa información, Domínguez mantuvo vigente el contrato con la empresa RR7 United SL que, sin ser habitual en este sector —tiene como objeto social la venta de automóviles— y pedir por adelantado el cobro de cuatro millones de euros, se comprometió a entregar un millón de mascarillas modelo 1860 NP95 de la marca 3M.
"No venía de nuevas". Con esa frase, Ródenas advirtió a Conrado Domínguez cuando este admitió que, por una conversación con un director técnico de 3M —con el que contactó al ser cuñado de un amigo que trabaja el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)—, ya era consciente de la dificultad que entrañana conseguir material de la empresa norteamericana en los peores días de la pandemia provocada por el coronavirus.
Domínguez, ante ese requerimiento del fiscal —que le llega a preguntar si tener esa información no le hace desconfiar de las probabilidades de éxito de RR7 para conseguir el material—, argumentó que "esa misma persona me comentó que igual había algún lote que se vendió previamente a la pandemia en países de Oriente Medio o África, en los que Estados Unidos pudiera tener intereses económicos".
¿Falsas o no homologadas?
RR7, tras asegurarse el cobro por adelantado de los cuatro millones de euros, contactó con el empresario de origen jordano Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh —a través del consultor financiero José Lucas Cruz—, con el fin de adquirir un millón de mascarillas 3M 1860 NP5. El material fue entregado en el Aeropuerto de Gran Canaria, pero fue destruido después de que la Agencia Tributaria considera que se trataba de artículos falsos.
Sin embargo, Ihsan Mahmhoud —a través de su socio Charles Douglas— certificó que las autorizaciones del material estaban en regla. Pese a esa documentación, el material fue retenido en Gando bajo un expediente de ‘contrabando al no estar homologado para su venta y uso en la Unión Europea y Reino Unido.
Querella admitida a trámite
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Conrado Domínguez y Ana María Pérez por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y contra Rayco González, administrador único de RR7, por estafa y blanqueo de capitales. El Gobierno de Canarias se ha personado como perjudicado.