El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, compareció la mañana de este miércoles junto con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, para explicar los detalles del polémico Caso Mascarillas, por el que están siendo investigados él mismo, la anterior directora general de Recursos Económicos del organismo público, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén Rodríguez, administrador de RR7 United S.L. Esta última es la empresa adjudicataria del contrato de emergencia por el que Canarias pagó cuatro millones de euros a cambio de un millón de mascarillas que llegaron sin homologación y tuvieron que ser quemadas en Aduanas.
La Fiscalía Anticorrupción presentó la querella al apreciar indicios de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Una de las cuestiones resaltables del caso es que, en el momento de ordenarse el pago por aquellas mascarillas a una empresa que no tenía una razón social relacionada con la sanidad ni era solvente, Domínguez no era director del SCS, sino secretario de Obras Públicas, así como Blas Trujillo no era tampoco consejero de Sanidad, sino que lo era Julio Pérez.
¿Torres lo sabía?
Lo que sí era por entonces Domínguez es miembro del Comité de Gestión de Emergencias, presidido por Ángel Víctor Torres. El pasado martes, Coalición Canaria afirmó en una rueda de prensa que alguien tuvo que darle instrucciones a Conrado Domínguez para realizase la operación de compra de mascarillas, ya que él no tenía competencias para ello, según los nacionalistas. El diputado José Alberto Díaz-Estébanez aseguró en aquella rueda de prensa que Ángel Víctor Torres, Julio Pérez (entonces consejero de Sanidad) y Antonio Olivera (entonces director del SCS) tuvieron necesariamente que saber de esta operación, al tener más competencias en la materia que Domínguez, o bien no haberse enterado de nada.
Este miércoles, Díaz-Estébanez volvió a incidir en la cuestión, lanzando sobre Domínguez una retahíla de preguntas, como una metralleta. El nacionalista espetó al director del SCS y al propio Blas Trujillo que una cosa es el sobreprecio en las mascarillas y otra "el robo de cuatro millones de euros", con una contratación realizada "sin ningún aval" salvo las relaciones de amistad del adjudicatario, e insistió en quién autorizó esa operación desde la administración canaria, por qué se eligió a RR7 United S.L., cómo se encontró esta empresa, por qué se tardó seis meses en requerir el cumplimiento del contrato, quién ordenó el segundo pago pese al incumplimiento en la entrega de la mercancía, por qué no se denunció a la fiscalía la falsificación de la primera partida de mascarillas, quien decidió renegociar con una empresa que había estafado al Gobierno o por qué en dos años no se informó del caso, que se ha conocido por la prensa y por la propia Fiscalía.
En la intervención del nacionalista, así como en otras intervenciones como la de Miguel Ángel Ponce, del PP, sobrevuela la acusación de que el contrato se realizó por amiguismos entre Domínguez y Rayco Rubén Rodríguez, o bien entre el primero y algún intermediario que le pusiera en contacto con Rodríguez. Algo que el director del SCS negó este martes rotundamente, al afirmar que no tiene ningún vínculo de amistad con el administrador de RR7 United S.L. Sin embargo, el director ahora investigado por la justicia evitó este martes explicar si recibió instrucciones de alguien para realizar la operación.
Un cabeza de turco
De hecho, Díaz-Estébanez preguntó a Domínguez en más de una ocasión si Ángel Víctor Torres, Julio Pérez, Román Rodríguez y Antonio Olivera de verdad "no sabían lo que hacía". La pregunta es insidiosa: ¿cuándo se enteró Ángel Victor Torres?. "¿Fue también por la prensa?", preguntó el nacionalista con tono de incredulidad al director del SCS.
Pero Domínguez dio la callada por respuesta respecto al tema de quién tenía las competencias en la compra. Razón por la que el diputado de Coalición Canaria le considera un "cabeza de turco". "No soy yo quien abrillanta la bandeja de plata donde entregar su cabeza", afirmó Díaz-Estébanez insinuando que el Gobierno de Canarias quiere cargar a Domínguez con la responsabilidad del caso para lavarse las manos en el mismo.
Domínguez defiende la legalidad del contrato
El director del SCS explicó que tanto la contratación de una empresa que no se dedicaba al suministro de material sanitario como el pago por adelantado sin recibir el material se realizó atendiendo a la necesidad del momento y con los procedimientos de contratación excepcionales autorizados por el Gobierno de España. Añadiendo, además, que la propia legislación española para simplificar la contratación preveía la posibilidad de estafa y especificaba que "el riesgo de quebranto" sería asumido por los presupuestos del Estado.
Algo que Canarias no ha querido hacer puesto que ha preferido agotar la vía administrativa primero, requiriendo a través de las administraciones tributarias el pago a la empresa de Rayco Rubén Rodríguez. Una vez agotada, el Gobierno canario comenzó a valorar "si dar algún paso más", pero los servicios jurídicos dijeron que no tenía "ningún sentido" denunciarlo porque la propia Fiscalía ya se estaba interesando por el caso.
Fiscalía que ha terminado finalmente por querellarse contra Domínguez y que será investigado en adelante por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.