Conrado Domínguez ha presentado su dimisión como director en el Servicio Canario de la Salud (SCS) por su implicación en el caso Mascarillas, en el que está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
En una carta enviada este jueves, Domínguez explica que toma esta decisión "a fin de poder mantener" sus derechos de defensa "sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud". "Quisiera agradecer a todos los profesionales del SCS y de la Consejería de Sanidad, así como a las asociaciones de pacientes, la leal e inestimable colaboración prestada en esta etapa al frente del SCS", añade. La carta ha sido adelantada por Tiempo de Canarias y ha podido ser confirmada por Atlántico Hoy.
La salida de Domínguez fue confirmada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. "El presidente (Ángel Víctor Torres) se reunió con el director. Y tras esa reunión, el director ha enviado una carta al presidente solicitando ser cesado. Y a propuesta del consejero del Sanidad, así lo ha acordado el Consejo. No se ha producido ningún nombramiento", explicó Pérez, que no dio detalles de la reunión, pero sí dejó claro que lo sucedido había sido un cese.
Rayco reconoció que contactó con Conrado
A pesar de haber afirmado que siempre actuó "bajo la legislación vigente en cada momento" y que el estafado es el Gobierno de Canarias, Domínguez ha decidido abandonar su cargo y dar un paso atrás después de la declaración de Rayco González, administrador de la empresa RR7 United, adjudicataria del contrato de mascarillas. En su declaración ante el juez, González rectificó lo que había dicho ante el fiscal y reconoció que había tenido contacto con el director del SCS durante la negociación del contrato.
Tras esa declaración, el juez instructor del caso dictó un auto en el que, además de decretar el secreto de las actuaciones, también abría la posibilidad de investigar otros contratos del SCS y de la administración pública durante el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus.
Declaró ante el juez en septiembre
Conrado Domínguez está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en el caso Mascarillas. En su declaración ante el juez, el pasado 29 de septiembre, afirmó que siempre ha actuado "bajo la legislación vigente en cada momento" y que el estafado es el Gobierno de Canarias. "He respondido a las preguntas de todas las partes y he intentado aclarar que el Servicio Canario de la Salud, y yo en particular, siempre he actuado bajo la legislación vigente en cada momento", declaró Domínguez en una breve atención a los medios tras finalizar su declaración ante el juez.
El director del SCS defendió que el estafado en el caso era el Gobierno de Canarias. "Tiene que recuperar esos recursos, es lo que siempre hemos mantenido desde el principio, y la Agencia Tributaria Canaria trabaja arduamente con todos sus medios para poder recuperar esos cuatro millones de euros", respondió Domínguez a la salida de los juzgados.
Durante el verano le había tocado declarar ante el fiscal Javier Ródenas y aunque Conrado le contó lo mismo que al juez, quien no lo hizo así fue el administrador de RR7, Rayco González, empresa adjudicataria del famoso contrato de cuatro millones de euros para adquirir un millón de mascarillas que nunca llegaron al SCS.
Ante Ródenas, González negó haber tenido relación directa con Conrado Domínguez, pero ante el juez sí admitió haber mantenido una comunicación fluida con el director del SCS. Y para demostrar ese vínculo, entre él y su abogado, el melillense Rachid Mohamed, leyeron en sede judicial una veintena de 'wasaps' que ambos intercambiaron entre mayo y agosto de 2020 relacionados con la oferta que su empresa presentó a la administración pública para entregar un millón de cubrebocas a cambio de cuatro millones de euros.