El caso Mascarillas se ha llevado por delante a Conrado Domínguez, que hasta este jueves ocupaba el cargo de director del Servicio Canario de la Salud (SCS). Se va camuflado detrás de una carta de dimisión y justo antes de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobara su destitución después ser acusado, por la Fiscalía Anticorrupción, de prevaricación y de tráfico de influencias tras aprobar el pago de cuatro millones de euros a RR7 United –una empresa que tiene como objeto social la compra-venta de automóviles y sin experiencia alguna en la importación de material sanitario– por la compra de un millón de mascarillas 3M modelo 1860 NP95 que la administración pública nunca recibió.
Domínguez entregó su carta de dimisión a Blas Trujillo –consejero de Sanidad del Ejecutivo regional– después de una reunión con Ángel Víctor Torres –presidente del Gobierno de Canarias–. Fue entonces cuando el exdirector del SCS supo que la intención del Gobierno canario era prescindir de él. En su carta de renuncia justifica su decisión "a fin de poder mantener" sus derechos de defensa "sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud". "Quisiera agradecer a todos los profesionales del SCS y de la Consejería de Sanidad, así como a las asociaciones de pacientes, la leal e inestimable colaboración prestada en esta etapa al frente del SCS", añadía el documento.
Tocado
La posición de Domínguez quedó debilitada desde que un particular –Juan Manuel Pérez León– denunció la trama y la investigación liderada por Javier Ródenas –fiscal encargado del caso– empezó a dibujar un mapa bastante opaco del caso. RR7 United, la única empresa que durante el periodo de emergencia provocado por la pandemia de coronavirus cobró el contrato de manera íntegra sin entregar parte o la totalida del material, llegó hasta el director del SCS tras recorrer una red de intermediarios que –en uno de sus extremos– alcanzaba a un amigo –con el balonmano como nexo en común– del propio Domínguez: Osvaldo Lastras.
Conrado Domínguez abrió, a mitad de 2020, la puerta del SCS a un amigo, pero detrás de Lastras entraron muchos más: en la cadena que dio el golpe figuraba Samuel Machín que, a su vez, iba de la mano en este negocio de Rayco Rubén González –administrador único de RR7 United–. Hoy, de esa conexión que formaron entre los cuatro, dos de ellos –de momento– aparecen como imputados en el proceso de instrucción que dirige el juez Francisco García García-Satoca: Domínguez y González.
Una cosa al fiscal, la contraria al juez
La marcha de Domínguez llega después de la declaración de Rayco González ante el juez. En su comparecencia, el administrador único de RR7 rectificó lo que había dicho ante el fiscal y reconoció que sí había tenido contacto con el exdirector del SCS durante la negociación del contrato a través de una serie de wasaps.
Tras esa declaración, el juez instructor del caso –que también mantiene como investigados a Ana María Pérez (ex directora de Recursos Económicos del SCS) y a la madre, la mujer y un primo de Rayco González– dictó un auto en el que, además de decretar el secreto de las actuaciones, también abría la posibilidad de investigar otros contratos del SCS y de la administración pública durante el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus.
Regreso al SCS
Domínguez accedió al cargo de director del SCS en septiembre de 2020, uno de los momentos más delicados de la pandemia: tras superar el confinamiento, con un pico elevado de fallecimientos y aún sin vacuna para combatir el problema. Su elección no fue casual: entre enero de 2017 y julio de 2019 ya había ocupado ese cargo dentro de un gobierno de Coalición Canaria (CC) –con Fernando Clavijo como presidente y José Manuel Baltar como consejero de Sanidad–.
Volvió, además, bendecido por casi todos: por Sebastián Franquis –la parte socialista que en su momento apostó por un pacto de gobierno con CC y que lo mantuvo en el Gobierno como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas–, por Román Rodríguez –vicepresidente del Ejecutivo– y por Casimiro Curbelo –presidente de ASG y pieza clave para sostener el Pacto de las Flores–.
Dos años después, esos apoyos quedaron reducidos al mínimo. Este jueves, en el Consejo de Gobierno, sólo Franquis y Trujillo defendieron el último deseo de Conrado Domínguez como director del SCS: vestir su despido como una dimisión.
Cese de Teresa Cruz
El regreso de Domínguez, tras ser elegido por Ángel Víctor Torres coordinador del comité de gestión de la crisis sanitaria –con poder ejecutivo sobre el equipo de la Consejería de Sanidad–, también fue alabado por los medios de comunicación que forzaron el cese de Teresa Cruz como titular del área de Sanidad –y de parte de su equipo– con un objetivo final: dinamitar el Pacto de las Flores y el regreso de CC al Gobierno.
Dos años después, el Gobierno que preside Torres ha presentado sus cuartos presupuestos y encara el final de su mandato mientras una mancha enorme emborrona el currículo de Conrado Domínguez –considerado entonces el mejor ejemplo de eficacia en la administración pública–. Entre una y otra cosa han dado forma a los residuos del penúltimo beso negro –idéntico a los que recibieron Soria, el juez Alba, Pablo Quintero...–.