La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha delimitado la lista de investigados —imputados en la anterior terminología jurídica— por el caso congreso de lujo a siete personas entre las que destacan Conchi Narváez —la exalcaldesa socialista de San Bartolomé Tirajana— y Francisco García —alcalde de Santa Lucía por Nueva Canarias—. Las diligencias previas realizadas por el ministerio público desprenden indicios de la comisión de tres presuntos delitos de corrupción: prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. El escrito también señala a dos funcionarias y dos técnicos de la administración local, y un empresario.
Los hechos que merecen esa calificación jurídica por parte de la Fiscalía Provincial tienen como epicentro el I Congreso de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional, convención que luego adquirió el calificativo de congreso del lujo por las costosas actividades que se programaron —conciertos de Dani Martín o Café Quijano, cócteles, cena de gala, barra libre de champán, fuegos artificiales, etcétera— durantre tres días de noviembre de 2022 y fueron sufragadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que aportó 400.000 euros, y el consistorio de Santa Lucía, que abonó otros cien mil euros.
Dos denuncias
La Fiscalía, que decidió incoar diligencias tras una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2022 por Alejandro Marichal (Coalición Canaria) y continuó la investigación tras recibir el 14 de febrero de 2023 la remisión de una segunda acusación que un particular —el empresario Juan Manuel Pérez— entregó en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, considera que el congreso "se residenció de manera artificiosa en el Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre" del que forman, además de los gobiernos locales de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía, las corporaciones de Agüimes, Ingenio, Telde y Valsequillo.
El ministerio público recalca que el objeto de esa asociación municipal "nada tiene que ver con la organización de eventos como el que se llevó a cabo y carece por ello de los medios personales y materuales para afrontar tal labor". Además, también aprecia "importantes deficiencias procedimientales con el objetivo de destinar fondos públicos a sufragar gastos que en modo alguno estaban orientados a satisfacer el interés público". El encargo al Consorcio Sur Gran Canaria de la organización del congreso provocó que un técnico del propio ente público elaborara una Memoria Justificativa en la que figuraba un informe de declaración de insuficiencia de medios propios para afrontar semejante desafío.
Un licitador
El escrito de la Fiscalía subraya que en el procedimiento para la adjudicación de la organización del congreso, que recayó en la empresa RS Sonocom SL —único licitador en el concurso—, Conchi Narváez —presidenta de la mesa de contratación— y las hermanas Naya Orgeira —Tania, interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y secretaria e interventora del Consorcio; y Noemí, interventora del Ayuntamiento de Santa Lucía y Tesorera del Consorcio, que también figuran como investigadas— obviaron "por completo lo dispuesto en la Ley de Contratación del Sector Público (LSCP): no existe informe sobre la concurrencia de la causa habilitante para optar por el procedimiento negociado cuyo uso es excepcional y se decide invitar a un solo licitador cuando el mínimo exigido por ley —artículo 169.2— es de tres.
El ministerio público advierte que "de los presupuestos, las facturas y recibos de transferencias aportados" por uno de los representantes de RS Sonocom SL "se desprende que antes de la publicación de la licitación, de la adjudicación y de la formalización del contrato" la empresa "llevó a cabo encargos para la celebración del congreso e hizo pago de los mismos". En el documento al que ha tenido acceso este periódico se apunta, por ejemplo, un presupuesto fechado el 10 de noviembre de 2022 —cuatro días antes de que la mesa de contratación presidida por Conchi Narváez adjudicara el concurso a la firma— para el cáterin de una cena de gala. El administrador único de la sociedad, Andrés O. Armas, es uno de los siete investigados.
En el mismo sentido la Fiscalía se refiere a la documentación remitida por un hotel de Maspalomas, "de la que se deriva que desde el mes de septiembre de 2022 se formalizó contrato y se realizaron pagos anticipados, o la aportada por otra compañía de la que se desprende que en octubre de 2022 emitió presupuesto por importe finalmente satisfecho por Sonocom".
Cambio de posición de Marichal
El 27 de noviembre del año pasado, Alejandro Marichal —denunciante del caso y ahora primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana— remitió un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que se retractaba de algunas de las irregularidades que delataba en su escrito. El líder local de CC explicó en ese momento que con ese trámite pretendía "eximir de responsabilidad a la interventora", Tania Naya, una de las investigadas por la Fiscalía.
En una de las dos denuncias que solicitaron una investigación por lo sucedido en el congreso, además de resaltar que se adjudicó a través de un procedimiento negociado sin publicidad por el trámite de urgencia —concurso al que sólo se presentó una empresa cuando debían ser como mínimo tres—, apunta que de los 95 habilitados nacionales que hay en Canarias sólo participaron cinco —el resto de invitados, unos 150, lo conformaban políticos, amigos y empleados públicos—.