La Comisión Mixta de Insularidad Congreso-Senado ha aprobado este jueves una proposición no de ley de Vox modificada por el PP que pide al Gobierno que actualice el complemento de insularidad del personal en activo del sector público estatal en Canarias y Baleares. El objetivo de estas compensaciones, como han explicado los portavoces de ambos grupos, tienen por objeto ayudar a cubrir el exceso de gastos de residencia asociados a vivir en ambos archipiélagos.
La iniciativa ha contado con el rechazo del PSOE, cuyo portavoz en este debate, el diputado socialista por Mallorca Pere Pons, se ha mostrado "absolutamente en contra" porque "ya hay una actualización" del complemento y ha calificado los argumentos de Vox de "sarta de mentiras que hacen reir" y "relato del populismo de tercera división".
Primera sesión
El Senado ha celebrado hoy la primera sesión de la nueva Comisión Mixta de Insularidad, creada el pasado mes de diciembre al poco de comenzar la legislatura, como ha recordado su presidente, el senador socialista canario José Antonio Valbuena, en la que la izquierda se ha quejado de que, en aplicación del reglamento del Senado, no se permite el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones.
La Proposición no de ley insta al ejecutivo central a actualizar la cuantía de las indemnizaciones por residencia para el personal del Estado en los territorios insulares para adaptarlas al sobrecoste que supone residir en ellos. Particularmente para Baleares solicita incrementar ya desde este año las indemnizaciones por residencia de este personal en Baleares mediante un incremento de las cuantías que cuente con su correspondiente dotación presupuestaria y no sea inferior a 18 millones adicionales.
También, impulsar la cobertura de los puestos vacantes en estos territorios y garantizar tanto la igualdad de todos los españoles en todas las regiones y la no discriminación entre ellas como la igualdad retributiva de los trabajadores del sector público estatal que realizan idénticas tareas con independencia de la región y de la administración territorial a la que sirvan.
OSP en la conexión aérea
Por otra parte, a instancias del PSOE y con el apoyo de toda la Comisión salvo Vox se ha aprobado una moción que insta al Gobierno a "analizar la posibilidad" de declarar la obligación de servicio público (OSP) en las líneas aéreas de conexión de Canarias con el resto del territorio nacional.
Lo que pide exactamente la moción es que el Gobierno, tras las pertinentes consultas, analice la posibilidad de realizar una "experiencia piloto" de declaración de obligaciones de servicio público, tanto desde el punto de vista de compatibilidad con el marco normativo comunitario como del efecto de dichas obligaciones sobre el mercado y sobre los usuarios.
El objetivo final es establecer un techo tarifario máximo para esos vuelos, impidiendo así la comercialización de billetes aéreos a precios excesivamente elevados, sin que por ello se vean afectadas la conectividad, regularidad y capacidad en dichas conexiones aéreas.
Moción de CC
También ha aprobado la Comisión, en este caso con el rechazo del PSOE, una moción de Coalición Canaria por la que se insta al Gobierno a establecer una excepcionalidad en la subida de las tasas aéreas en los territorios insulares y a estudiar una rebaja de las mismas en el archipiélago atlántico, como única región ultraperiférica del Estado.
Mediante una enmienda del PP se ha añadido al texto original extender la excepcionalidad al aeropuerto de Melilla y a los helipuertos de Ceuta y Algeciras y a través de otra del Grupo Izquierda Confederal -en el que están Mès per Mallorca y Agrupación Socialista Gomera, entre otras formaciones- evitar la pérdida de competitividad del transporte aéreo de los territorios insulares por la confluencia de la citada subida de tasas aeroportuarias y la entrada en vigor simultánea de medidas de fiscalidad ambiental de la UE.
Por el contrario, con los votos del PP y Vox ha sido rechazada una moción PSOE por la que se instaba al Gobierno a establecer un procedimiento que permita la distribución estable de los niños, niñas y adolescentes migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas.