Coalición Canaria de Tenerife advirtió hoy que el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno de España supondrá “un auténtico caos” en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, una situación que afectará a miles de personas de estos municipios y que supondrá un “duro mazazo” para cientos y cientos de familias de barrios como San Pío, Cuesta Piedra, Santa Clara, La Verdellada, Las Mantecas, Valle Colino, Valle Vinagre, Bajamar, Geneto y San Matías.
Los nacionalistas han declarado que, como partido, no pueden elevarlo al Tribunal Constitucional, por lo que pedirán al Gobierno de Torres que lo haga. Del mismo modo, Coalición Canaria busca el apoyo del resto de fuerzas del Congreso para poder llevar esta cuestión al tribunal.
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, dejó claro hoy que “como nacionalistas, no podemos avalar una ley que vulnera nuestro Estatuto de Autonomía”. Por ello, anunció que “hemos presentado un total de 23 enmiendas de supresión en los artículos del Proyecto de ley que atentan contra la facultad de Canarias de definir y desarrollar una política de vivienda propia y adaptada a nuestra singularidad territorial como archipiélago y a la medida de las verdaderas necesidades de los canarios”.
Frena la construcción de vivienda
Oramas aseveró que este proyecto “no concreta ni aporta soluciones efectivas al problema de la falta de vivienda pública y tampoco se proponen medidas para incentivar la promoción y construcción de nuevas viviendas que amplíen el actual parque público de viviendas”. “Es más, las trabas de esta ley van a conseguir un efecto contrario que, con toda seguridad, va a frenar la construcción de nuevas viviendas”, resaltó la diputada nacional.
La diputada nacional aseveró que “el proyecto de ley Justifica la ocupacion de viviendas”. “Esta ley da carta blanca a la ocupación, lesiona el derecho a la propiedad y, entre otras cosas, va a obligar al propietario a tener que asumir gastos por una vivienda okupada. Además, el propietario privado será quien tenga que soportar el derecho de su incumplidor inquilino al disfrute de una vivienda digna y adecuada”.
"Un despropósito" para Canarias
Por todo ello, Oramas hizo un llamamiento a todos los partidos con representación en el Congreso, “a los diputados canarios y a los senadores para que presenten las mismas enmiendas que ha presentado Coalición Canaria y que convenzan a sus partidos en Madrid porque esta ley es un despropósito en nuestra Comunidad Autónoma”.
Por su parte, la diputada del Grupo Nacionalista CC-PNC-AHI, Socorro Beato, explicó que este proyecto de ley “contiene una serie de directrices generales sobre política de vivienda que representan un claro dirigismo de la actuación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, contraviniendo el artículo 148.1.3º CE que atribuye la competencia en materia de vivienda a las comunidades autónomas”.
“Son estas y no el Estado quienes pueden desarrollar una política propia, incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que son fundamentalmente el tipo de actuaciones públicas en las que se concreta la política de vivienda”, recordó Beato.
CC acusa al Gobierno de populista
Además, anunció que “registraremos una Proposición no de Ley en el Parlamento de Canarias para instar al Gobierno de Canarias a dar cumplimiento al artículo 48.5 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias, favoreciendo el acceso a la propiedad de las viviendas a los arrendatarios del parque público de viviendas, teniendo derecho a que se les aplique sobre el precio de compra las deducciones equivalentes al pago de rentas abonadas por alquiler”
“Este Proyecto de ley no hay más que ideas populistas y propagandísticas qué no pueden ser asumidas por el Estado, trasladándoles la papeleta a las comunidades autónomas”, criticó Beato.