El portavoz de CC en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que denunciará ante la Fiscalía de Anticorrupción el gasto del congreso de funcionarios celebrado en Playa del Inglés por considerarlo un despilfarro de dinero público al ser empleado para conciertos privados, fuegos artificiales y vuelos en primera clase. Para el evento se destinaron 500.000 euros de los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana.
Su objetivo es "pedir responsabilidades políticas". En su opinión, se ha cometido una ilegalidad con el contrato suscrito por el Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre Local, presidido por el alcalde de Santa Lucía, Francisco García López. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concha Narváez, dijo en el pleno que las jornadas colocaron al municipio como “referente” a nivel nacional. Además, insistió en la legalidad del procedimiento, como recogió Canarias 7.
“Opacidad del ayuntamiento”
Marichal considera que un congreso de este tipo cuesta 80.000 o 100.000 euros, por lo que su formación no se explica cómo se gastaron los otros 400.000 en las fiestas y conciertos paralelos a este, en las que se agasajó a los asistentes —entre ellos solo 5 de los 95 funcionarios habilitados nacionales en Canarias—.
Marichal ha criticado la opacidad con la que actúa el equipo de gobierno al no permitir que su formación acceda al expediente. Marichal asegura que este contrato lo firmaron los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana y que también tuvo que ser supervisado por la interventora del primer consistorio, Tania Naya.
PP de Santa Lucía
También ha llamado la atención sobre el "silencio" que mantienen los restantes regidores que lo debían haber aprobado, ya que el "Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre Local" solo puede acordar asuntos por unanimidad, según ha dicho.
En el Ayuntamiento de Santa Lucía esta polémica también ha tenido consecuencias. Este jueves, el portavoz del Partido Popular (PP) del municipio, Marcos Rufo, dejó su acta de concejal. Lo hizo después de votar en contra de los presupuestos municipales para 2023 por discrepar con el dinero público destinado al congreso.
Recalcó que el consorcio a través del cual se gestionó, que carece de personal, es "incompetente" para organizar un evento de estas características, por lo que estima que todo esto es "una obra de teatro" a la que se ha dado luego "apariencia de legalidad con un traje a medida".
“Oscurantismo del alcalde”
Rufo ha dicho sobre el congreso de funcionarios que “no se puede formar parte de este tipo de comportamientos” y que “ni este presupuesto se puede apoyar ni tampoco el oscurantismo del alcalde”. También ha explicado que el presupuesto municipal está conformado por 67,8 millones, de los que solo 100.000 “están dedicados al Capítulo VI, es decir, a inversiones reales”.
Una acción que ha dividido a los populares de Santa Lucía porque Sergio Vega, que también es concejal, votó a favor de las cuentas, lo que le aboca a someterse a las medidas disciplinarias que correspondan por romper con la disciplina de voto.