El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que el Partido Popular ha confirmado que participará en la reunión con el Gobierno de España, con el de Canarias y con Ceuta para tratar la derivación de menores migrantes desde Canarias al resto de comunidades autónomas.
"Hay una respuesta del PP, hay una posibilidad real de que la reunión se produzca", no esta semana pero sí la próxima, lo que puede facilitar que se planteen soluciones para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería de cara a la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, anunció Clavijo en la sesión de control al ejecutivo del Parlamento de Canarias.
Elogio a Domínguez
El presidente canario informó de que la pasada semana se trasladó a Madrid para tratar con el PP este asunto, después de que los populares dieran por suspendidas las conversaciones sobre el reparto de los menores. Clavijo elogió la actuación del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, por haberse "fajado" con la dirección nacional de su partido para conseguir el regreso a la negociación.
Domínguez, también en la sesión de control y en respuesta a la diputada del PSOE Nira Fierro, confirmó que la reunión se va a celebrar y que él es partidario de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, como ha dicho "en público y en privado".
"Vamos a hacer un trato público usted y yo", dijo Domínguez a Fierro, y explicó que su parte del trato es conseguir que el Partido Popular se siente en la negociación.
El trato
A Fierro le correspondería en ese trato conseguir que el Gobierno de España pida a la Unión Europea el despliegue del Frontex en Canarias, los recursos económicos "que pertenecen a los canarios", que se implante una oficina de asilo para atender a los menores malienses y que se deriven menores migrantes a los países comunitarios.
Domínguez afirmó que la carta enviada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula con der Leyen, con las demandas exigidas por el PP "es una falta de respeto a esta tierra".
Unanimidad en reformar la ley
En otra de sus intervenciones, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo corroboró que todo el Gobierno autonómico es unánime en la defensa de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, después de que el portavoz del PSOE le advirtiera de que este no es un problema entre su partido y el PP, sino un problema interno en el Gobierno de Canarias, porque fueron los populares los que votaron en julio en contra y después abandonaron las negociaciones.
"Ya solo conseguir que nos sentemos es un avance", contestó Clavijo al portavoz socialista, e instó a todas las partes a acudir a esas negociaciones con generosidad y poniendo por delante el interés de los ciudadanos y de los menores, sin prejuicios y "sin la pistola cargada".
"Se necesita generosidad para alcanzar un acuerdo que integre a todas las comunidades autónomas y no sea un elemento de confrontación", afirmó.
Depende del PP
Sebastián Franquis recordó al presidente que si la modificación del artículo 35 dependiera del PSOE y de CC ya se habría hecho.
En cambio el PP, a pesar de que el Gobierno de España ha cumplido una por una las demandas sucesivas que va planteando, ha elegido "el camino de la deslealtad y la falta de sentido común y de sentido de estado", sostuvo.
Por eso advirtió de que lo que dice ahora el PP es lo mismo que dijo hace un año, un doble discurso en el que aprueba una cosa en Canarias y "otra en Madrid", por lo que insistió en que Clavijo asuma "su liderazgo" y su responsabilidad como cabeza del ejecutivo canario.
Desidia
En el debate migratorio participó también Juan Manuel García Casañas, del PP, quien acusó de "desidia" al Gobierno de España y de haber dejado a Canarias en el abandono por no exigir a la Comisión Europea el despliegue del Frontex en Canarias, la distribución de menores en los países comunitarios, políticas de asilo y recursos que para Canarias.
Nicasio Galván, de Vox, afirmó que tanto el reparto de los menores como la intención de Gobierno de España de regularizar 900.000 migrantes en los próximos tres años son políticas que favorecen el efecto llamada.