El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado como investigados a los socios de Víctor de Aldama —Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano, Javier Serrano, César Moreno García y María Piedad Losada—, vinculados a la trama de las mascarillas y de los test de COVID19 en los aeropuertos de Canarias y Baleares.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional cita a estos cinco investigados para los días 25 y 26 de noviembre, y ya en diciembre tomará declaración, los días 2 y 3, a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Relación cercana
La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez estas citaciones después de que el último informe de la UCO revelara la relación cercana de Koldo García con los entonces presidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, en la actualidad ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidenta del Congreso de los Diputados, respectivamente.
La UCO sostiene que De Aldama y sus socios se lucraron con los test de COVID, aprovechando "la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada de De Aldama con las altas instancias" del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Utilizaron para ello la empresa Fertinvest Consulting, contando con su socio Eurofins Megalab.
Deuda pendiente
En su informe, la Guardia Civil aportaba una conversación entre Armengol y Koldo García en la que este se despedía con un "vale cariño, te mantengo informada" cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.
En otra de las conversaciones sobre las PCR, Koldo García le decía a De Aldama que Ángel Víctor Torres le había indicado que tenía interés en las PCR, a lo que De Aldama le replicó: "es muy importante, nos debe una grandísima".
Tres contratos
A este respecto, la Guardia Civil ha detectado tres contratos, fechados el 18 de diciembre de 2020 y el 1 de enero y 1 de febrero de 2021, que fueron otorgados a las empresas de De Aldama para los test PCR por un valor total de 5,3 millones de euros.
A la UCO le resulta significativo que Koldo García dijera en uno de los audios de WhatsApp intervenidos que el ministro tenía conocimiento de la propuesta que se le hizo a Torres, "ya que no deja dudas de que para influir en otros funcionarios, se valdría de su relación con Ábalos".
Koldo siguió insistiendo a Torres en días posteriores, y el 25 de agosto uno de los socios de De Aldama, Ignacio Díaz Tapia, en nombre del propio Koldo, remitió información sobre el proyecto de control del COVID en pasajeros.
Contradicciones de Torres
Cuando compareció el 10 de junio ante la Comisión de Investigación del Congreso del caso Koldo, Torres alegó que él, como presidente, nunca ordenó contratar con ninguna empresa concreta y negó que hubiera recibido llamadas de Koldo García o del ministro Ábalos.
También aseguró que no tenía constancia de conocer a Díaz Tapia, el empresario de los test PCR, y explicó que, aunque podía recibir centenares y miles de llamadas, nunca "para contratar con ninguna empresa".