La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de fraude a Hacienda a cuatro empresarios —Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández—. Atlántico Hoy ha podido contactar con uno de ellos, Cerpa, que ha querido defenderse de las acusaciones asegurando que “Hacienda considera que se trata de un incremento patrimonial por una intermediación y no de una actividad económica y que, por ende, no tengo derecho a dotar de RIC —que, en mi caso, fueron 300.000 euros—. Mi asesor, mis abogados y yo consideramos que sí puedo hacerlo”.
“Lo que es alucinante”, continúa Cerpa, “es que la querella solo imputa esto y muchos medios de comunicación arrastraron nuestros nombres por el fango hablando de malversación —que es algo que solo puede hacer un funcionario o un cargo del Gobierno y ninguno de nosotros lo era—, de blanqueo de capitales —cuando es dinero de fuente legal, facturado y declarado— y de material por valor de 10 millones de euros no entregado —cuando se entregó todo y de primeras calidades y, si no hubiera sido así, ya el Servicio Canario de la Salud lo habría reclamado—”, se defiende.
El caso
El 13 de mayo de 2020, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba la declaración del Estado de Alarma que significó dos meses de confinamiento para toda la población del país. Para hacer frente a las necesidades sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ente dependiente del Gobierno autonómico —entonces presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE)—, decide adjudicar por la vía de emergencia, a dedo y negociado sin publicidad, un contrato por valor de 1,3 millones de euros a Damco Trading Services.
Esa es la primera de las 13 licitaciones que se llevan, en los dos siguientes años y de manera conjunta, esa firma y Tanoja Services, empresas a las que la Fiscalía relaciona con Miguel Ángel Ramírez —presidente de la UD Las Palmas—, Lucas Bravo de Laguna —exconsejero de Deportes del Cabildo y director comercial del club amarillo—, Christian Cerpa —asesor en comunicación política— y Noel Jammal Fernández —administrador único de la primera compañía— en una querella por un presunto delito de fraude a Hacienda.