El Partido Popular y Coalición Canaria han pedido este martes retirar la proposición no de ley para modificar la ley de extranjería ante la falta de apoyos que permitiría iniciar el trámite parlamentario del texto. Ambos partidos son los impulsores desde las islas de la modificación de la ley para imponer un reparto obligatorio de los menores migrantes tutelados a las comunidades, sin embargo, el previsible voto en contra de los populares les ha motivado a pedir la retirada de la proposición.
La primera en hacerlo ha sido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien ha pedido que si no aprueba la proposición no de ley, se aparte para seguir estableciendo acuerdos. “Con toda la tristeza les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo", ha pedido Valido en un discurso especialmente emocional.
Sin discurso
"Hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. No tengo discurso para decir que no ha prosperado la reforma de la ley de Extranjería”, ha recalcado la diputada canaria, quien ha apuntado que "si no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando". Además ha finalizado su intervención con un reproche a PP y PSOE: "Ni siquiera por los niños son capaces de apartar el odio que se tienen".
Ante la falta de diálogo de unos y otros, mejor que la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería se quede sobre la mesa del @Congreso_Es hasta que los partidos se sienten a negociar. El Congreso no puede decirle NO a Canarias. Dejen la bronca, saquen a los menores de sus…
— Cristina Valido (@CristinaValido) July 23, 2024
Tras la fijación de las posturas del resto de partidos, en las que Junts y Vox, han asegurado su voto en contra, llegó el turno de los populares, que pese a haber impulsado la modificación desde las islas, también votarán en contra del texto. "Aceptamos y asumimos" la petición de Valido, ha señalado al final de su intervención la diputada popular por Huesca Isabel Alós López, quien ha pedido retirar la proposición de ley y ha espetado al PSOE que se pongan a "de verdad a negociar”.
![La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (i), y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Congreso este martes.EFE La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (i), y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Congreso este martes.EFE](/uploads/s1/32/45/23/9/la-consejera-de-bienestar-social-candelaria-delgado-i-y-el-presidente-del-gobierno-de-canarias-fernando-clavijo-en-el-pleno-del-congreso-este-martes-efe_5_659x371.webp)
Primero financiación
El discurso de los populares se ha basado en denunciar que desde el Gobierno central “se niegan a garantizar a las comunidades autónomas los recursos suficientes”. Al respecto de este argumentario, ya la diputada de Coalición Canaria había denunciado esa posición en busca de financiación: “No. Hoy, esta tarde, esta noche, mañana, les atenderemos y les ayudaremos aunque no tengamos el dinero. Porque Canarias responde, hace lo que puede y más”.
El PP ha impuesto como condición para aprobar la tramitación del texto "la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional para todas las comunidades autónomas", "una conferencia de presidentes", "la implicación de todos los ministros a los que les afecta el debate migratorio" y "un compromiso de financiación real". También han pedido una política de Estado en colaboración con Europa y los países de origen.
Fue el propio Partido Popular canario, junto con Coalición Canaria y el PSOE, el que impulsó esta modificación de la ley, aunque ya este lunes se desmarcaba del texto por impulsarse sin negociar primero con las comunidades autónomas. Pese a que el propio PP en Canarias votó a favor del texto, el secretario general del PP en Canarias, Poli Suárez, criticaba que lo que se había negociado era a través de Whatsapp.
Una cuestión política
La reforma quería modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer una acogida solidaria y obligatoria entre las comunidades y aliviar zonas de llegada como Canarias, Ceuta o Melilla cuando la ocupación de sus recursos sobrepase el 150 % de su capacidad. Actualmente Canarias tutela a más de 6.000 menores no acompañados, cuando su capacidad es de 2.000, según recoge la proposición no de ley.
Pero la demanda del Gobierno de Canarias tiene una dimensión política mayor a la modificación del texto. Después del pacto que alcanzó el Gobierno central con las comunidades para un reparto puntual de 400 de los menores tutelados por Canarias, el partido de ultraderecha Vox rompió los cinco gobiernos autonómicos con el PP, lo que ha tensado aún más el debate. A esto se ha sumado las declaraciones del líder popular Alberto Núñz Feijóo este lunes en las que relacionaba inseguridad en las calles con inmigración: "Solidaridad sí, pero seguridad también. Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle".