El acceso a la vivienda, tanto por el precio de compra como la escasez y el coste de los alquileres residenciales, persigue a la población canaria que ve cada vez más imposible cumplir un derecho básico. Los partidos políticos se enzarzan en la propuesta de posibles soluciones a esta problemática que atraviesa a las Islas. Coalición Canaria, desde Gran Canaria, se suma al carro con iniciativas en las administraciones municipales e insular, así como en el Parlamento, para “dar respuesta” a la emergencia habitacional.
La diputada de CC por Gran Canaria en el Parlamento canario, Vidina Espino; la consejera nacionalista en el Cabildo insular, Vidina Cabrera, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, han organizado una rueda de prensa para presentar sus ideas, entre las que destacan la creación de incentivos fiscales para animar a los propietarios a poner sus viviendas como alquiler residencial y la construcción de viviendas protegidas.
Coordinación de las administraciones
El problema de acceso a la vivienda perjudica a Canarias desde hace años, indicó Espino. La diputada señaló que el número de personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda no ha parado de crecer hasta alcanzar las 25.000 familias en las Islas, cifra que podría ser mayor, indicó, si se tienen en cuenta aquellas que “no figuran en este registro oficial, pero que sufren de igual manera dificultades para acceder a una vivienda”.
El objetivo que se ha marcado la formación nacionalista es dar respuesta a la emergencia habitacional desde la coordinación de todas las administraciones públicas. Durante el mes de julio presentarán mociones en los ayuntamientos grancanarios y en el Cabildo de Gran Canaria, así como una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento canario, que incluye una batería de iniciativas para abordar el tema desde las diferentes instituciones y en consonancia con el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda aprobado por el Ejecutivo autonómico.
Incentivos fiscales para propietarios
En el caso del Parlamento de Canarias, la PNL propuesta por los nacionalistas comprenderá tres puntos principales, explicó Espino. El primero será pedir al Gobierno canario que “regule la habilitación de terceros colaboradores que se puedan encargar de verificar que las licencias que se piden para la construcción de vivienda protegida cumplan con toda la normativa urbanística”, a lo que añadió que “es el Gobierno de Canarias el que tendría que habilitarlos y luego tendrían que trabajar en colaboración con los ayuntamientos”.
Asimismo, el segundo punto insta a impulsar el sistema de cooperativas de viviendas para fomentar la construcción de viviendas de manera “más justa y equilibrada”. Y, por último, la PNL incluye “revisar el programa de vivienda vacía que no ha dado resultado hasta ahora” e “incorporar incentivos fiscales para que los propietarios se vean animados a dedicar sus viviendas a alquiler residencial”, señaló la diputada. El análisis de las posibilidades de llevar a cabo este último punto recaería sobre Vivienda y Hacienda, puntualizó.
Ayudas a los municipios grancanarios
La consejera nacionalista en el Cabildo de Gran Canaria, por su parte, criticó la falta de responsabilidades del equipo de gobierno insular, compuesto por NC-PSOE, en cuanto a vivienda durante los nueve años que llevan gobernando, a pesar de contar con el Consorcio de Vivienda insular, que “según sus estatutos, tienen entre sus competencias la posibilidad de asumir la ejecución del Plan de Vivienda de la Isla”.
Es por ello que Cabrera presentará en el Cabildo una moción que instará al gobierno insular a hacer uso de sus competencias para impulsar la construcción de viviendas protegidas, en colaboración con el ICAVI y otras entidades competentes, así como a apoyar a los municipios mediante programas de ayuda para la compra de suelo apto para la construcción de viviendas, cediendo estos suelos al ICAVI o VISOCAN; a crear oficinas técnicas que asesoren a los municipios en la gestión “más ágil” de sus licencias urbanísticas y a apoyar la regulación de la habilitación a terceros para la gestión y tramitación de licencias urbanísticas.
La situación de la vivienda en la capital
Los nacionalistas apuntaron que Las Palmas de Gran Canaria es el municipio “más tensionado” de la Isla, lo que ha provocado que “más de 5.000 personas se han ido a otros municipios limítrofes por la incapacidad de pago del alquiler o de compra de vivienda”, contó el portavoz municipal de CC, que resaltó, además, que en la ciudad hay “30.000 viviendas vacías” y consideró insuficiente las reposiciones que se están realizando en Tamaraceite y en Las Rehoyas.
Suárez subrayó así el papel de los municipios que son los que “determinan qué suelos se pueden destinar a vivienda pública” y la importancia de “acelerar los procedimientos y dar salida a las construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas” a través del decreto. Por ello, a nivel local, las mociones que se propondrán en los municipios grancanarios solicitarán el apoyo de la habilitación a terceros para la gestión y tramitación de licencias urbanísticas - como recoge la PNL que se trasladará en la cámara regional y la propuesta para el Cabildo -; y al estudio de bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la construcción de VPO y en el IBI para los propietarios de viviendas vacías que las pongan en alquiler.