Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente han evitado este miércoles que el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno de Canarias se tramite en el Parlamento de Canarias como ley. Los tres partidos eluden así que el resto de grupos políticos puedan añadir peticiones a la ley. Una votación que ha dividido a los grupos que apoyan al gobierno después de que ASG haya votado a favor de la tramitación como ley.
PSOE, Nueva Canarias, Vox y ASG pidieron que el texto pasara por todo el procedimiento parlamentario, sin embargo CC, PP y AHI lo han impedido con su voto. El decreto sí que ha sido convalidado por 41 votos a favor (de CC, PP, Vox, ASG y AHI) y 27 en contra (PSOE y NC), mientras que se rechazó tramitarlo como proyecto de ley por 37 votos en contra (CC, PP y AHI) y 31 a favor (PSOE, PP, Vox y ASG), según ha recogido Efe.
Cambio de postura
La oposición llevaba días reclamando su tramitación para que todos los grupos y no solo parte del Gobierno de Canarias -el Consultivo criticó que no se consultara con Política Territorial- pudiera presentar sus propuestas al texto. Este fue el motivo que esgrimió la diputada de ASG Melodie Mendoza para desmarcarse del criterio de votar a favor de sus socios.
El decreto fue defendido por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien se amparó en el problema de la vivienda y aseguró que había que hacer "algo distinto" en vista de que, según afirmó, el anterior Gobierno no hizo nada.
El decreto
Con este decreto se pretende aumentar el número de viviendas tanto públicas como privadas en el mercado se permite a los ayuntamientos disponer del suelo rústico no planificado como suelo urbanizable, se impulsa la vivienda protegida, se simplifican los trámites para la construcción, se recuperan edificaciones ya existentes y se permite la transformación de locales y oficinas en viviendas dignas, explicó. "Buscamos incentivar al sector privado a construir vivienda protegida y facilitar y agilizar el proceso de construcción de vivienda pública", resumió.
Pese a todo ello el decreto ha recibido un dictamen favorable del Consejo Consultivo en el señalan que hay ciertas carencias en el texto como la falta de definición de unos criterios de lo que significa la emergencia habitacional y qué situación se debe dar para dejar de estar en ella, señala la posible vulneración de competencias locales y critica la exención de los procedimientos ambientales, entre otros puntos.
Críticas
Sin embargo, Rodríguez defendió en la Cámara que el decreto ni vulnera la autonomía municipal ni es inconstitucional, y destacó que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de todo color político lo respaldan. Especialmente crítica se mostró la diputada del PSOE Patricia Hernández quien contestó que "sólo hay que ver quién aplaude con las orejas", en referencia a los empresarios de la construcción, "para saber a quién beneficia este decreto", con el que "solo se atiende a los que quieren hacer negocios" y no a las personas que necesitan una solución a los problemas para acceder a una vivienda.
"Los que redactaron el decreto están por encima de la ley del suelo, del impacto ambiental y del planeamiento", ya que no se ponen soluciones para sacar la vivienda vacía al mercado, ni hay límites al precio del alquiler, ni trabas al alquiler vacacional, ni se condiciona ninguna actuación a que haya equipamientos y servicios públicos.
Para "especular"
También crítico se mostró Luis Campos, de Nueva Canarias, quien consideró que no se necesita más vivienda "para la especulación inmobiliaria y el negocio", sino vivienda social y vivienda protegida. Este decreto "se ha redactado en un chalé con piscina" con los empresarios de la construcción e inmobiliarios "como únicos interlocutores", a espaldas de la ciudadanía y del Parlamento, denunció.
Para Campos, es una norma "desarrollista que se lleva por delante el planeamiento", sin límites y sin estudios previos, de manera que donde estaba prevista una escuela, un centro de salud o una instalación deportiva ahora se podrán hacer edificios, profundizando en el modelo de "ciudades y barrios hacinados, sin servicios ni calidad de vida".
A favor a medias
Entre la crítica y la aprobación se mostró la diputada de Vox Paula Jover quien sí apoyó el texto pero defendió que necesita su tramitación como proyecto de ley porque hay cuestiones inquietantes, como que no se ponga límites a la vigencia de la situación de emergencia a pesar de que se deja de un lado el planeamiento.
El diputado de CC José Javier Pérez Armas afirmó que con este decreto el Gobierno da soluciones para las personas más desfavorecidas. Jennifer Curbelo, del PP, consideró que esta normativa propicia la construcción de vivienda pública y privada. Raúl Acosta, de AHI, defendió que "había que actuar rápido y se ha actuado".