Coalición Canaria ha instado al Gobierno a permitir la posibilidad, voluntaria y temporal, de trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) las cantidades cotizadas en la Mutualidad profesional de la Abogacía, Procuradores o Altermutua computándose a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida.
La propuesta se enmarca en una proposición no de ley sobre la protección social de la abogacía, que hasta 1995 dependía de las Mutualidades de abogados y procuradores, respectivamente. A partir de esa fecha se introdujo un sistema de alternatividad para que las aportaciones pudieran destinarse al RETA y ya en 2005 se pasó de un sistema de capitalización colectiva a uno individual, de manera que la pensión de jubilación de cada mutualista pasó a depender "única y exclusivamente" de sus aportaciones.
Afectaría a unos 220.000 mutualistas
Coalición Canaria explica que las reformas introducidas, tanto la alternatividad como el sistema individual, sirvieron para que los cotizantes no pudieran ni rescatar sus aportaciones realizadas a la mutua ni tampoco computar el tiempo de trabajo a efectos del devengo de la prestación de jubilación en el sistema público. Esto afectaría a unos 220.000 mutualistas en el país, de los que más de 65.000 serían como sistema alternativo al RETA.
"En definitiva, los profesionales quedaban atrapados en sus respectivas mutualidades", apostilla la formación, que también pide que, respecto al grupo de mutualistas pasivos, se apliquen complementos a mínimos de sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima, solicitando una tramitación urgente para este grupo de afectados, pues los mismos necesitan "de una protección más urgente".
Asimismo, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, también demanda que se evite la equiparación fiscal de las cotizaciones y aportaciones realizadas en la Mutualidad al sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con un plan de pensiones o ahorro complementario. Por último, solicita al Ejecutivo en funciones mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la Abogacía y la Procura.