La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha solicitado amparo al Gobierno de Canarias y al ejecutivo central ante la situación que vive la corporación insular desde que el gobierno majorero está compuesto solo por el presidente, Sergio Lloret; y el consejero Juan Nicolás Cabrera.
García ha trasladado un escrito al delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, pidiendo que se inste a Lloret a cumplir con la legalidad vigente, tomar las medidas necesarias para acabar con estas irregularidades y dirimir las responsabilidades que sean necesarias. Lo hacen dice, “para que no se siga creando un perjuicio mayor a la institución, su personal trabajador y la población de Fuerteventura”.
Hoja de ruta
El Partido Popular decía hace unos días a Atlántico Hoy que tenía clara su hoja de ruta si el ejecutivo majorero persistía en convocar consejos de Gobierno a pesar de contar con solo dos miembros. Coincidía con lo que presenta este jueves CC. “Iremos a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, a la Delegación del Gobierno y, si así lo entendemos, a la Fiscalía”, asegura Claudio Gutiérrez, portavoz de los populares.
Antes de acudir a las instancias mencionadas con anterioridad, el PP ha anunciado que, tras este informe, pedirá que se declaren nulos de pleno derecho todos los acuerdos tomados en el seno del Consejo de Gobierno para no ocasionar un perjuicio mayor a la institución.
"Paralización sin precedentes"
García ha alertado de que se trata de una situación que no solo afecta al funcionamiento interno del Cabildo, sino que “bloquea grandes temas que preocupan a la ciudadanía majorera y que son de máxima prioridad”. La nacionalista ha recordado que su formación ya advirtió en su momento de que recurriría a todas las administraciones públicas y entidades que fueran necesarias con el objetivo de acabar con esta situación. Asegura que el Cabildo está abocado a una paralización e inseguridad jurídica sin precedentes.
García cuenta que Lloret ha hecho caso omiso y ha tomado acuerdos de dudosa legalidad, “poniendo en riesgo no solo a la propia institución, por las consecuencias económicas que implica la nulidad de los acuerdos, sino también a los propios funcionarios del Cabildo que se deben al cumplimiento de la legalidad vigente y se están viendo presionados”.
"Una situación muy grave"
“Una situación que es muy grave, especialmente cuando contamos con un informe de la Secretaría General del Cabildo que ratifica el tope mínimo de tres miembros para la validez del Consejo de Gobierno y que es totalmente preceptivo en nuestro ejercicio como consejeros del control y fiscalización de los órganos de gobierno”, ha indicado.
García se muestra preocupada por el contrato para mejorar las carreteras por 45 millones de euros, la prórroga del convenio con el Gobierno de Canarias para la atención a personas en situación de dependencia o la continuidad de la concesión del transporte público de la isla.