Marco Antonio Navarro Tacoronte ha funcionado, a lo largo de los últimos días, como una especie de agujero negro: capaz de absorber todo lo que gravita a su alrededor y que guarda relación con el caso Mediador. No es casual: la trama lleva por nombre el rol que ejercía él mismo dentro de la red presuntamente corrupta. Con una hoja de servicios más propia de un delincuente —ha sido condenado, según ha trascendido desde el Gobierno de Canarias, por falsificación de documentos públicos, estafa, abandono de familia, robo con violencia e intimidación o conducción sin permiso—, se ha paseado por diferentes medios de comunicación —locales y nacionales— para enfangarlo todo. Sin embargo, otra figura de la intriga ha pasado desaparecibida: el general de la Guardia Civil, ya retirado, Francisco Javier Espinosa Navas, el único de los investigados que permanece en prisión. Y señalado por muchos como la pieza clave para convertir el caso Mediador en un serio problema para el Gobierno de... España.
Del general Espinosa ha trascendido guardaba en su casa 61.000 euros de "ilícita procedencia", según se recoge en su auto de envío a prisión, que su papel consistía en dar seriedad a la trama y ejercer presuntamente como intermediario para acceder a diferentes empresarios —a cambio, entre otras dádivas, de un puesto de trabajo para su amante— y mantener un alto nivel de vida tras su jubilación como miembro activo de la Guardia Civil.
Más allá de Canarias
Desde que estalló el caso, desde el Gobierno de Canarias se ha recalcado que el caso Mediador no va ligado a quebranto de fondos públicos; ningún director general —en relación al papel que pudo jugar Taishet Fuentes, que ocupó ese cargo en Ganadería hasta junio del año pasado— tiene capacidad de modificar un informe de un servicio técnico ni jurídico; ningún funcionario, ni ningún ganadero o empresario alertó de irregularidad alguna; los investigados prometieron maniobras que no podían superar elementos de control de la propia administración regional.
Eso, en Canarias. Pero la trama, o por lo menos la chicha de la red, empieza a ir más allá de los límites del Archipiélago. La juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, mantiene bajo lupa cuatro contratos para suministrar equipamientos para proyectos de seguridad en África —tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces para Ghana, Kenia y Senegal— firmados por una fundación pública y están bajo sospecha: la investigación cree que pudieron ser amañados por el general Espinosa.
Drones en África
En ese momento, el mando del instituto armado ejercía como jefe de los GAR-SI Sahel, un proyecto de la Comisión Europea, administrado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), para ayudar a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en su territorio con la creación de equipos inspirados en los grupos de acción rápida (GAR) de la Guardia Civil.
Las cuatro licitaciones, que suman algo más de dos millones de euros (2.352.278), incluyen drones entre los equipos a adquirir. Y esos lotes concretos, el adjudicatario fue José Santiago Suárez Esteve, uno de los empresarios investitados en el caso Mediador porque presuntamente pagó comisiones —tanto al exmando de la Benemérita como a Marco Antonio Navarro—.
¿Cuentas en Bélgica?
La investigación especifica que a la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL, de Suárez Esteve, se le asignaron cuatro suministros por valor de 137.569 euros. En su declaración ante el juez, el conseguidor Navarro Tacoronte afirmó que "el general recibía pagos en efectivo" que se le entregaba el propio mediador en un sobre cada vez que se veía con él, dinero aportado por los empresarios previamente a las reuniones con el general.
La juez ha solicitado los cuatro expedientes y Nadia Calviño —vicepresidenta del Gobierno de España y presidenta en la actualidad de la fundación pública que en el momento de la concesión de los contratos era Carmen Calvo— ha abierto una investigación interna. Además, ha pedido a la justicia de Bélgica que se rastree la posibilidad de que el general, su mujer o sus hijos tengan cuentas bancarias en el país a las que se desviaba dinero.
Boicot a un empresario por no contratar a su amante
En el sumario de la investigación, el general Espinosa accedió presuntamente a mediar con empresarios grancanarios —entre los que figuraba Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas— para que el empresario Antonio Bautista —también investigado— pudiera vender sus placas solares. A cambio, el mando de la Benemérita exigía que se contratara a su amante —A.P.S., a la que la policía vincula familiarmente con Ramírez— con un sueldo de 3.000 euros mensuales.
Al negarse, finalmente, Bautista a contratar a la amante del general, el propio Espinosa rompe las negociaciones con esos empresarios —con los que mantenía conversaciones en un chat llamado el Equipo A—.