María Ortega, exresponsable de Aduanas en Canarias durante la pandemia, y María José Caballero, jefa de la unidad de control en el aeropuerto de Gran Canaria, han decidido acogerse a su derecho a no declarar en la comisión parlamentaria que investiga el caso Mascarillas, trama en la que el Servicio Canario de la Salud (SCS) pagó 4 millones de euros por un millón de tapabocas que nunca recibió.
Ambas funcionarias se han amparado en un informe de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, que les recuerda la obligación de sigilo sobre los datos que manejan como parte de sus responsabilidades. Este lunes, durante su comparecencia, evitaron dar detalles sobre el destino del material, ni confirmaron si las mascarillas llegaron a ser destruidas, tal y como sospechan varios miembros del parlamento, como Fernando Enseñat (PP) y José Alberto Díaz Estébanez (Coalición Canaria).
¿Se quemaron?
Las funcionarias se limitaron a explicar de manera genérica el procedimiento de Aduanas para la retención de material sospechoso, como las mascarillas. Detallaron los filtros habituales a los que se somete cualquier mercancía sospechosa de falsificación o sin los permisos sanitarios necesarios. En caso de confirmar que se trata de una falsificación, Aduanas informa al importador y a la propietaria intelectual de la marca, siendo esta última la que se encarga de la destrucción del material, proceso que supervisa Aduanas.
María Ortega, sin referirse específicamente al caso de las mascarillas de RR7 United, señaló que, en situaciones excepcionales, el material retenido podría ser reexportado fuera de la Unión Europea si así lo acuerdan las partes implicadas.
Durante su intervención, Ortega también reveló que durante la pandemia, Aduanas recibió instrucciones para agilizar el despacho de material sanitario, y que tanto el personal de Aduanas como los operadores enfrentaban una gran presión para que los envíos llegaran a tiempo. Sin embargo, quiso aclarar que esta presión provenía principalmente de los operadores logísticos y el propio contexto de urgencia.
Traslado a Andalucía
Por su parte, José Alberto Díaz Estébanez sugirió que podrían haber existido presiones desde el Servicio Canario de la Salud para liberar el cargamento de mascarillas, basándose en documentos del sumario. Además, recordó que la traslado de María Ortega a Andalucía coincidió con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción en 2022, cuando también dimitió la exdirectora general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, otra figura clave en esta investigación.
Desde el PSOE, Nira Fierro defendió el sistema de control de Aduanas, calificándolo como "garantista", mientras que su compañero Marcos Hernández lamentó la incomodidad que supone para las funcionarias comparecer en esta comisión.