La decisión del juez Francisco Javier García García-Sotoca, del Juzgado de Instrucción nº7 de Las Palmas de Gran Canaria, de acordar el traslado del caso Mascarillas a la Fiscalía Europea (FE) abre una fase en el proceso judicial inédita en Canarias. Ahora la Audiencia Nacional debe nombrar un juez de garantías durante la instrucción de la FE.
Según ha confirmado Atlántico Hoy de un portavoz de la Audiencia Nacional, ese juez será el que por reparto corresponda. Aunque la investigación estará bajo la dirección de la FE, el juez de garantías deberá autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales de conformidad con lo previsto en la ley. Además, tratará de acordar las medidas cautelares personales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y de asegurar la fuente de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma.
Entre sus competencias también estará la potestad de autorizar el secreto de la investigación y su prórroga y acordar la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento conforme a lo establecido en esta ley orgánica. En el caso de que existieran testigos protegidos, será dicho juez, el que adoptará las medidas de protección de testigos y peritos que proceda a instancia del fiscal europeo delegado. La FE había reclamado su competencia en la investigación al entender que el supuesto fraude se habría consumado sobre fondos de la Unión Europea. Las actuaciones, las diligencias y los efectos intervenidos ya se han transmitido a ese órgano y por ahora se mantiene el secreto de sumario.
Nulidad de actuaciones
El juez instructor del caso Mascarillas había dictado un auto en el que, además de decretar el secreto de las actuaciones, también abría la posibilidad de investigar otros contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de la administración pública durante el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus. El magistrado fundamentó su decisión en el "giro radical" de los acontecimientos tras la declaración del empresario Rayco Rubén González, administrador único de RR7 United. En su comparecencia, el imputado rectificó y admitió que había mantenido contacto directo con Conrado Domínguez.
Las reacciones ante el traslado de las investigaciones no han tardado en llegar, quizás la más llamativa ha sido la de Conrado Domínguez, exdirector de SCS, que este lunes solicitó al Juzgado de instrucción Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria que se declarase la nulidad de todas las actuaciones judiciales. Para la defensa de Domínguez, desde la denuncia formulada ante la Fiscalía se sabía que afectaba o perjudicaba a las finanzas o patrimonio de la Unión Europea, y por lo tanto el juzgado no era competente y tampoco tenía jurisdicción para llevar a cabo las actuaciones procesales.
El caso Mascarillas provocó la dimisión de Conrado Domínguez como director del SCS el pasado 3 de noviembre, después ser acusado por la Fiscalía Anticorrupción de prevaricación y de tráfico de influencias tras aprobar el pago de cuatro millones de euros a RR7 por la compra de un millón de mascarillas que la administración pública nunca recibió.
Siete investigados
También se ha pronunciado Rachid Mohamed, abogado del dueño de la empresa RR7, encargada de traer las mascarillas que dan nombre al caso. “Lamentablemente no podemos llegar a valorar la legalidad o acierto de la avocación de competencia acordada, dado que el secreto de las actuaciones se ha extendido a este incidente, a juicio de esta defensa, de manera indebida, ya que debíamos ser oídos al afectarse a un principio constitucional como es el derecho al juez legal predeterminado por ley”, explica.
Mohamed asegura a Atlántico Hoy que todo lo mencionado anteriormente se lo ha puesto de manifiesto al juzgado mediante un escrito, del que aún no ha obtenido respuesta. “Confío en que al menos se nos dé traslado de todo lo actuado en este incidente, y en su caso, proceder en consecuencia”, concluyó.
A la espera de conocer el garante de la investigación del caso Mascarillas y de los siguientes movimientos que realizará la FE, por ahora, son siete las personas investigadas: Rayco González; Conrado Domínguez; Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS; Adoración Sánchez, madre de Rayco; Belén María de los Ángeles Alemán, esposa del empresario; y Kevin Sánchez, primo del dueño de RR7. El último nombre en aparecer en la lista ha sido Osvaldo Lastras, amigo de Conrado Domínguez.