La exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), Ana María Pérez, prestó este martes declaración ante el juez que investiga el caso Mascarillas. Pérez está imputada como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
Su abogado, José Antonio López de Vergara, comentó ante los periodistas que se encontraban en la Ciudad de la Justicia que la exdirectora no tiene nada que ocultar, pero declinó hacer declaraciones sobre el contenido de sus manifestaciones en el juzgado de instrucción.
Respondió a todo
López de Vergara confirmó que su defendida había contestado a todo lo que le habían preguntado y que hará las valoraciones pertinentes cuando conozca lo que declaren ante el juez el director del SCS, Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United, Rayco Rubén González. Precisamente estas dos personas declararán el jueves y el viernes lo hará Samuel Machín como testigo.
Domínguez está siendo investigado también por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Y González lo está por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Se trata de las irregularidades apreciadas en la compra por cuatro millones de euros de una partida de un millón de mascarillas que nunca se recibió y que se pagó por adelantado en mayo de 2020.
Cuatro millones desaparecidos
La querella del caso Mascarillas trata de esclarecer una estafa agravada que supuestamente cometió el administrador de RR7 United, Rayco Rubén González, en perjuicio de la sanidad pública, así como las presuntas irregularidades que pudo cometer el director del SCS, Conrado Domínguez, y la directora general de Recursos Económicos de ese organismo en aquellas fechas, Ana María Pérez.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, cuestiona que una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como era RR7 United Limited, con solo un capital social de 3.000 euros, se hiciera con un contrato de suministro a los hospitales públicos de Canarias por un importe de cuatro millones de euros.