Después de cuatro años de la pandemia, comienzan a surgir las tramas de presunta corrupción que se produjeron durante esta etapa de crisis sanitaria. El ‘caso Koldo’ es el que se encuentra en boca de todo el mundo a nivel nacional debido al peso del asunto, así como las personas y los gobiernos involucrados, entre ellos el anterior Ejecutivo canario, en aquel momento presidido por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
¿Cómo se vincula al Gobierno de Canarias en este entramado? Todo se concentra en la concesión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud de cuatro contratos a dedo por valor de 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL - empresa que aparece en el epicentro del caso al estar ligada a Koldo García, asesor en aquel entonces del exministro de Transporte José Luis Ábalos -, para la compra de mascarillas.
El comienzo de todo: el primer contrato
El estado de alarma se inició el 14 de marzo de 2020, poco más de un mes después, el 22 de abril, se tramitó el primer contrato con la compañía relacionada con Koldo García por parte el SCS, entonces dirigido por Antonio Olivera - era el viceconsejero de la Presidencia y a día de hoy es jefe de gabinete del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres -, a quien después destituyó Conrado Domínguez.
Este primer acuerdo supuso la compra de un total de 2,75 millones de mascarillas - a un coste de 2,5 euros la unidad - por 6.875.000 euros. Aunque los cubrebocas solicitados llegaron, se produjo un incumplimiento por parte de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. ¿La razón? Un lote de mascarillas defectuoso.
La segunda oportunidad
De la primera tanda de cubrebocas enviadas por la empresa ubicada en Zaragoza, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC), tras analizar el material, consideró que 837.800 mascarillas no podían ser consideradas cubrebocas de categoría FFP2, es decir, no eran aptas para su uso.
A pesar de ello, el anterior Gobierno le dio una segunda oportunidad a la compañía, dando lugar a siguientes contratos: un acuerdo de 417.814,71 euros por el servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95 y otro más de cinco millones de euros por la compra de más mascarillas.
Justificación de los contratos
Así de primeras parecen simples contratos de compra; sin embargo, va más allá. Según la investigación de la Guardia Civil, a través de UCO, algunos de estos contratos fueron modificados con el único fin de "dar cobertura justificativa" de esa segunda oportunidad que el Ejecutivo autonómico dio a la empresa protagonista de esta presunta corrupción.
Esto queda reflejado en el lote de 2.500.000 que pidió el SCS y del que al final recibió tres millones de cubrebocas por un importe de 5.000 euros menos "sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia" ni de la modificación del acuerdo inicial.
Investigación de este caso y otros dos
El conocimiento de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales de la venta de material sanitario durante la pandemia ha causado un revuelo a nivel nacional, que en el caso de Canarias ha puesto el foco en el expresidente autonómico Torres y ha provocado que los partidos que componen el Parlamento canario soliciten una comisión de investigación, así como la digitalización y entrega por parte del actual Gobierno canario de los expedientes implicados este asunto a disposición de los servicios jurídicos y de la intervención de la comunidad autónoma.
En la actualidad, Canarias está implicada en dos tramas más de presunta corrupción por venta de material sanitario más allá del ‘caso Koldo’, el conocido ‘caso Mascarillas’ y el último que se ha hecho eco que implica a Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna, Christian Cerpa y Noel Jammal.