El número de plazas de vivienda vacacional registradas a día de hoy en Canarias es equiparable a la suma total de la población de las islas de Fuerteventura y La Palma e, incluso, es superior a la suma total de las poblaciones de Lanzarote, La Gomera y El Hierro juntas. En total, superan el 9% en relación al total de la población de las Islas. Estos datos han sido ofrecidos por la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico, Jéssica de León, en la rueda de prensa de presentación del anteproyecto de la ley para regular la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Será sometido a información pública para que la población del Archipiélago pueda conocer la futura ley y aportar los comentarios que considere oportunos.
Actualmente, las viviendas vacacionales representan el 36% de la oferta alojativa de Canarias con 54.282 inmuebles —222.014 plazas—. "Esto choca con el número de viviendas que hemos puesto a mano de todos los canarios para que puedan vivir tal y como establecen las distintas normativas y la propia Constitución", expuso de León al inicio de la comparecencia, "y es el derecho de todos los canarios a disfrutar de una vivienda asequible y digna". La consejera hace alusión al hecho de que en 2022 tan solo se construyeron 2.782 viviendas en las Islas.
Características de la ley
"No se va a encontrar una norma que regula solo el turismo, sino que incide en urbanismo, en ordenación del territorio, en medioambiente, en vivienda, en calidad de vida, preservación del patrimonio histórico o en la movilidad sostenible", continuó el director general de Ordenación Turística, Miguel Angel Rodríguez. El plazo de información pública comienza hoy a las 00:00 horas y finalizará el próximo 2 de mayo, hasta entonces, cualquier ciudadano podrá acceder al anteproyecto para conocerlo y aportar su punto de vista.
Entre las principales líneas que se presentan está el hecho de que "podrá haber uso turístico de vivienda cuando así lo decida el planeamiento municipal democráticamente aprobado", manifiesta Rodríguez. Esto es así "porque la vivienda cumple una funcion constitucional que es el que sirva de residencia habitual a los mas de dos millones de canarios y canarias y será excepcional su habilitacion para uso turisitico". Por lo tanto, "no se trata de prohibir sino de planificar y ordenar". En conclusión, el principal cambio de paradigma es que el uso de los pueblos, de las ciudades y de las viviendas va a estar en manos de los representantes de los pueblos democráticamente elegidos. ¿En qué se traduce esto? En que con el marco jurídico de 2015, el más de millón de viviendas que hay en Canarias era susceptible a destinarse a uso turístico, pero eso ya no será así. "Solo se podrá destinar al uso turístico aquellas viviendas que cada uno de los 88 municipios decida".
Nuevos usos
Una de las preocupaciones de los actuales propietarios de vivienda vacacional era el tránsito entre lo que ya existe y el futuro tras la ley. Según el director general de Ordenación Turística, "no habrá ni exclusión, ni prohibición, ni eliminación". De esta forma, otro de los puntos importantes es que mientras el planeamiento municipal no establezca la ordenación pormenorizada en cada uno de los municipios canarios, "no podrá haber nuevo uso turístico de vivienda —aunque las que ya existen se podrán mantener—".
Asimismo, tampoco se podrá a someter a uso turístico a los inmuebles que estén sometidos a protección pública. A su vez, los municipios a la hora de establecer la ordenación de sus núcleos y pueblos, "deberán reservar con carácter general el 90% de su edificabilidad para uso residencial de vivienda". El objetivo de esto es que pesen más los 2,207 millones de canarios y canarias y, después, se podrá comprobar que si existe un margen para el uso turístico decidirán si realmente lo destinan a ello. "Habrá lugares de crecimiento cero y otros donde sí cabe vivienda vacacional", manifiesta Rodríguez.
Ir por delante
Para las conocidas como islas verdes, esa reserva se baja al 80% por hay islas como La Gomera y La Palma que, según expone, pierden población y necesitan incentivar su oferta económica y, además, "no cuentan con la planta alojativa masiva que hay en las otras islas".
Otra de las grandes novedades de la futura ley de alquiler vacacional es que los 88 municipios de Canarias tendrán que utilizar unos indicadores de sostenibilidad —los que la administración municipal desee o los que están ya publicados en el Sistema Europeo de Sostenibilidad Turística—. A la hora de tomar decisiones, entonces, se deberá tener en cuenta la carga humana en el territorio, la incidencia de la actividad turística, el empleo o la vivienda, entre otros. En resumen, "la gran diferencia del cambio de paradigma es que, en lugar de ir la administración pública y la ciudadanía por detrás a la implantación de vivienda vacacional, vamos a ir por delante".
Cinco años
Cada vivienda vacacional que hoy funciona lo hace amparada, en principio, por una declaración responsable. Rodríguez aclara que dicha declaración va a mantener su vigencia durante cinco años —aunque pueden ser menos— y el titular no va a tener que hacer nada. Pero, durante esos cinco años, los ayuntamientos isleños tendrán que trabajar en el planeamiento y, si al finalizar el planteamiento le permite continuar con la actividad, todo seguirá como antes.
Pero, ¿qué pasa si, tras el nuevo planteamiento, la vivienda vacacional no puede continuar? "Le damos una alternativa para que pueda seguir hasta 20 años con la actividad", puntualiza el director. "Si pone en el mercado, en el mismo nucleo de población, una vivienda equivalente en arrendamiento de larga duración, la ley le permite directamente permanecer 20 años". Todo con el fin de equilibrar.