Sobre finales de septiembre el Gobierno de Canarias se reunirá con el Gobierno central para tratar la competencia de costas. Así lo ha anunciado este miércoles en el Parlamento canario el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, quien ha señalado que se tratará ''la culminación de la transferencia de los expedientes que se ha reservado el Estado respecto a las costas canarias''.
Rodríguez ha insistido en la importancia de la reunión para ''aclarar el marco competencial'' ya que según él ''a partir ese de diálogo se verá si es necesario convocar la comisión bilateral o ir más allá'' asegurando que el ejecutivo ''no va a mirar para otro lado''.
Reserva de expedientes
Según recoge Efe, el caso de los hoteles de Riu acaparan la principal discrepancia sobre estos expedientes, ya que el Gobierno canario aprobó en mayo la reforma del hotel pero fue el Gobierno de España el que declaró en julio la caducidad de esas concesiones de dichos alojamientos que están en el dominio público, lo que conlleva la retirada de las instalaciones y la reversión de los terrenos.
Por ello el consejero señaló que tienen la certeza de que la competencia es exclusiva del Gobierno canario ''porque así lo establece el Estatuto de Autonomía'' puntualizando además que ''si el Ministerio se reserva expedientes sin que eso esté previsto en el decreto de traspaso de competencias, entonces ya no serían competencias exclusivas''. Rodríguez recordó también que ''el traspaso de competencias en costas, vigente desde el 1 de enero, es un tremendo avance pero sin rebajas, interpretaciones ni demoras" porque ''la ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, es exclusiva de la Comunidad Autónoma''.
A su vez remarcó que dichas competencias ''se recibieron tarde con medios materiales y humanos insuficientes'' por lo que asegura que ''esa reunión el Gobierno de Canarias será exigente y firme en el desarrollo del autogobierno en la gestión del litoral''.
Traspaso del personal
Siguiendo el tema del traspaso, Rodríguez añadió que solo se ha traspasado el 30% del personal ''que operaba en la demarcación de costas de Canarias cuando las competencias eran estatales'' puntualizando que ''lo primero que ha hecho la recién creada Dirección General de Costas autonómica es elaborar una relación de puestos de trabajo''. Asimismo ha añadido que ''no se puede finalizar el traspaso si se mantiene un conflicto competencial en partes importantes del decreto, que es incompleto, y se incumple el Estatuto de Autonomía si el Estado se reserva competencias que son exclusivas de Canarias''.
El asunto ha generado reacciones en el Parlamento. Nira Fierro, diputada del PSOE, señaló las ''dificultades que tuvo el anterior ejecutivo'' pero insistió en que "hasta el final se tomaron decisiones trascendentales y sensibles sin arrugarse frente a nadie". Desde Nueva Canarias, la diputada Carmen Hernández se mostró ''preocupada por una transferencia de competencias parcial e incompleta que puede entorpecer la eficacia de la gestión canaria''. Por su parte Paula Jover, de Vox, preguntó a Rodríguez ''cómo va a medir ese mantra de que el autogobierno supondrá una mejora en las competencias de costas''. A su vez Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera, señaló que ''se debe seguir peleando para que se transfieran más medios, mientras que Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, expresó que ''hay que reclamar al Estado una dotación adecuada de las competencias''.
Por su parte, y en referencia al Riu, Socorro Beato de Coalición Canaria acusó al gobierno anterior de ''haber asumido un traspaso insuficiente de las competencias'' porque el Estado ''se ha reservado determinados expedientes sensibles, como el de las instalaciones de Riu en las dunas de Corralejo'' pidiendo al consejero que insistiera en la gestión de la Comunidad Autónoma. Al Riu también se refirió Fernando Enseñat del Partido Popular apuntado que ''hubo desidia y pasotismo del Gobierno de Canarias en el proceso de traspaso'' así como una "subordinación cómplice como queda claro en el asunto de los expedientes sobre la cadena Riu''.
Opinión de los colectivos
Como ya adelantaba este miércoles Atlántico Hoy, el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, señalaba que a pesar de haber transferido las competencias, Costas sigue actuando en cuestiones que ya no le competen, como es el caso del parking municipal de Candelaria, cuyo derribo ha sido recientemente adjudicado por la dirección general, tal y como adelanto Atlántico Hoy.
Otras situaciones similares de pérdida de espacio público se están dando en viviendas y locales de Los Molinos (Fuerteventura), en Mogán (Gran Canaria), en Las Bajas, Güimar, y Varadero, El Rosario (Tenerife) o en Puntalarga y El Faro, Fuencaliente (La Palma).
“Si esta comisión estuviera activa se estima que se podrían prever y evitar muchos de los desalojos que se están produciendo en Canarias, que ocurren, por otra parte, porque las competencias en materia de gestión y ordenación del litoral que el Gobierno regional ha asumido son incompletas, y no se han negociado de forma adecuada para proteger los intereses de los canarios”, argumentó Langa este martes.