La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este miércoles el Informe Anual de Evaluación del Cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en 2022 y el avance de 2023 por parte del Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán.
Según destacó el comisionado en su intervención, desde que el órgano comenzósu función ha sido capaz de tramitar casi 3.000 reclamaciones de acceso a la información pública, unos datos que han convertido a Canarias, por segundo año consecutivo, en la Comunidad Autónoma en la que se presentan más reclamaciones cada 100.000 habitantes.
Además, se han realizado casi 6.000 evaluaciones de portales de transparencia, un total de 10.578 expedientes y más de 25.455 asuntos tratados. El Comisionado de Transparencia recibió el pasado año 644 reclamaciones para hacer cumplir el derecho de acceso a la información, el 11,61 % más que en 2022.
Se trata del último informe de Cerdán, quien, tras su llegada al puesto en 2015, en los próximos días cederá el cargo a la exalcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal.
Ascenso lineal
Cerdán ha destacado que las evaluaciones de los portales de transparencia de las instituciones canarias y las empresas privadas alcanzó en 2022 las 3.161, con un ascenso lineal en las notas de las principiles administraciones, alcanzando prácticamente todas el sobresaliente de media. En el sector público ha cifrado el nivel de cumplimiento de las resoluciones del Comisionad oen el 86 % en 2023, del 98 % en 2022 y del 96 % en 2021.
Para el comisionado los datos demuestran que la evaluación es una medida que anima, emplaza y obliga a los entes públicos a mejorar sus portales para no tener que soportar la crítica ciudadana o periodística.
"Hemos acabado siendo un órgano relativamente más conocido para el conocimiento del ciudadano, con visibilidad", ha opinado Cerdán, quien también ha resaltado que existe un temor al coste reputacional por no responder a las peticiones de transparencia y que, por ello, las administraciones suelen cumplir en plazo.
Asimismo, se ha mostrado favorable en que, a través del desarrollo de una ley para el Comisionado de Transparencia, se estudie la posibilidad de imponer multas a quienes incumplan con su obligación de transparencia, "algo que solo pasa en Navarra".
Ley del Comisionado de Transparencia
Por otro lado, ha avanzado que en los próximos días se entregará un borrador de ley a los portavoces de los grupos parlamentarios para que determinen ellos si es el momento de acometer la Ley del Comisionado de Transparencia en Canarias recogida en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía y sugerirán que de alguna forma se incluya un instrumento con multas, porque es un mecanismo "mucho más efectivo que un proceso sancionador que se alargue".
Cerdán ha comentado que a veces las reclamaciones por incumplimientos del derecho a la transparencia suelen tener que ver con ciudadanos concretos muy activos o sindicatos, como sucede en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana o en el Servicio Canario de la Salud, donde un funcionario ha presentado hasta más de 300 reclamaciones, "y está en su derecho".
Ha apuntado además que los funcionarios suelen ser activos a la hora de preguntar por ejemplo, por criterios de selección en procedimientos públicos, exámenes o plazas.