Canarias reclama fondos europeos para nuevos centros permanentes de atención a menores tutelados

Desde la comunidad autónoma han pedido al Gobierno central que reclame fondos europeos para cinco nuevos centros de atención

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La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, con el ministro Derechos Sociales,  Pablo Bustinduy. / CEDIDA
La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, con el ministro Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. / CEDIDA

El Gobierno de Canarias reclama la financiación necesaria para poner en marcha cinco centros permanentes de atención a menores migrantes no acompañados. En una reunión que ha mantenido este jueves, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que intermedie con las instituciones europeas para conseguir los fondos extraordinarios para poner en marcha los centros.

La intención, según han trasladado desde el Gobierno de Canarias en un comunicado, es establecer una red de recursos estables destinados a la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas Canarias. Para cumplir este fin, la comunidad necesitaría 16 millones de euros "según un análisis detallado de las necesidades y recursos necesarios para proporcionar instalaciones seguras y servicios esenciales para los menores migrantes". 

Un fenómeno permanente

En el marco de la reunión, Delgado insistió en que las islas tutelan a más de 4.500 menores no acompañados para los que hay 66 centros. Desde el Ejecutivo defienden que el fenómeno migratorio no es coyuntural sino estructural y defienden la necesidad de aumentar el número de instalaciones estables, con capacidad para acoger entre 100 y 150 personas. 

Durante el encuentro también se abordaron puntos como el complemento a las pensiones no contributivas que garantice que las familias que reciben estas pensiones no se vean perjudicadas. Para ello, se puso de manifiesto la necesidad de una modificación en la Ley de la Seguridad Social para explorar la posibilidad de realizar cambios normativos que permitan excluir el complemento establecido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía de los ingresos computables para las pensiones no contributivas