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Política

Canarias prevé que haya facilitadores judiciales para personas vulnerables en 2025

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha iniciado rondas de reuniones con colectivos de discapacidad y les ha animado a realizar aportaciones al texto legal

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Una persona en situación de vulnerabilidad / AH canarias

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado este martes que el Gobierno canario prevé que a partir de 2025 esté listo el decreto que promoverá la incorporación de la figura del facilitador judicial para personas vulnerables, con discapacidad y mayores de 65 años.

Así lo ha transmitido Barreto en el pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a la diputada del grupo Nacionalista Socorro Beato, quien ha demandado que la administración establezca mecanismos para que cualquier persona se relacione con la justicia de una manera que ambas partes se puedan entender.

Barreto ha agregado que el decreto buscará hacer cumplir el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva "de manera plena" y ha insistido en que la intención es que el decreto esté listo en los primeros meses de 2025.

Reuniones con colectivos

Así, su departamento ha iniciado rondas de reuniones con colectivos de discapacidad y les ha animado a realizar aportaciones al texto legal, especialmente "para perfilar lo más complicado", que a su juicio es concretar cuál va a ser el perfil profesional de la persona facilitadora, que deberá seguir "principios de neutralidad y proporcionalidad, además de tener la capacidad para hacer entender lo que suceda en los juzgados a estas personas".

Ha añadido la consejera que esta figura se podrá poner en marcha tanto a petición de las personas como del tribunal, y ha anunciado su intención de que en el presupuesto del próximo año se incluya una partida presupuestaria para iniciar la tramitación de la bolsa de profesionales que asumirán este trabajo.

En su intervención, Beato aludió a la "terminología alambicada difícilmente entendible" para el conjunto de la población que no forma parte del círculo de operadores jurídicos, y especialmente para personas vulnerables, con discapacidad o de avanzada edad.