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Política

Canarias y el PP acuerdan un plan "por el descontrol migratorio" y presionan a Sánchez para negociar

El plan no solo recoge las exigencias de los populares para votar a favor de modificación de la ley de extranjería sino que busca cambiar la política migratoria en España

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i). / MIGUEL BARRETO-EFE

El Gobierno de Canarias ha sellado este martes con acuerdo con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que trasladaran al Gobierno central para alcanzar un acuerdo para la reforma de la ley de extranjería así como para el futuro de la política migratoria en España. El documento firmado, denominado Plan de Acción por el Descontrol migratorio, recoge las líneas rojas de los populares para la reforma de la ley de extranjería, pero también incluye medidas como el despliegue del Frontex en Canarias o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los países de origen. 

El plan incluye el acuerdo de las 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Un documento que se acordó el pasado viernes en la conferencia del Partido Popular celebrada en Madrid, según ha señalado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo. 

Feijóo ha apuntado que el problema que afronta Canarias por el reparto de los menores migrantes solo es una "parte de la actual crisis migratoria".  "No vamos a dejar sola a Canarias y Canarias no puede pagar sola la inexistencia de una política migratoria del Gobierno central", ha criticado el líder del PP quien también ha calificado de "irresponsable" al Gobierno central por no cumplir con sus competencias en política migratoria, control de fronteras y devolución y retorno de migrantes irregulares. 

Los puntos

Ante esta posición, la comunidad ha acordado con el PP un plan de acción que entre sus principales puntos establecen: la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional, "para que las comunidades autónomas pudieran activar sus expedientes contractuales de forma urgente y para llamar la atención a la Unión Europea" y financiar un fondo de contingencia en favor de las comunidades para facilitar recursos financieros para tratar a los menores hasta su mayoría de edad, 

También han acordado un punto para garantizar el control de fronteras, que incluye seis medidas: la mejora del control policial, el establecimiento de un pasaporte de tránsito, la dotación de más medios humanos y materiales en la comisaría general de extranjería, el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los países de origen y tránsito de acuerdo con las autoridades de esos países, solicitar a la UE el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo y aumentar el personal en la tramitación de los expedientes de retorno. 

El plan incluye también la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración y de la Infancia y Juventud para acordar los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y el gobierno central, así como garantizar que ninguna comunidad quede exenta del reparto, asegurar que los menores sean menores y "no estemos hablando de adultos" y poner a disposición de las comunidades autónomas infraestructuras de la Administración General del Estado que estén vacías o en desuso con los recursos necesarios para la atención y alojamiento de los menores migrantes. 

El vicepresidente Manuel Domínguez (d), y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / MIGUEL BARRETO-EFE

El reparto

Asimismo exigen garantizar el compromiso del Estado de sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades cuando vean sobrepasadas sus capacidades. Es este sentido establecen unos criterios que piden que se vea correspondida en la ley de extranjería: hasta la capacidad del 100% de los recursos instalados en las comunidades autónomas la gestión será de las comunidades, entre el 100% y el 150% la gestión será de la comunidad pero el 50% de exceso la gestión será del gobierno, y una vez la capacidad se vea sobrepasada en más del 150% la gestión será estatal. "Esto es lo que perseguía el Gobierno canario y es lo que nosotros validamos en relación con la crisis migratoria que afecta básicamente a Canarias y a Cauta. 

Además reclaman activar mecanismos en la Unión Europea para hacer frente a la emergencia, entre lo que Feijóo ha mencionado el traslado de migrantes a otros estados miembros o el pleno uso de fondos europeos disponibles. Además piden intensificar la acción exterior con los países de origen, por ello piden mejorar los acuerdos de cooperación con Marruecos, Senegal o Mauritania, así como impulsar otros acuerdos con Mali o Nigeria. 

Exigen además revisar los flujos de información entre las comunidades autónomas y el gobierno central, acordar entre las comunidades la implementación del Pacto de Migración y Asilo de la UE y que todos los acuerdos sean ratificados en la conferencia de presidentes y las conferencias sectoriales. 

Llamada al Gobierno

El líder popular ha asegurado que esta es una política migratoria viable ante lo que ha asegurado que es un documento que busca el consenso. Por ello ha pedido al Gobierno central a que se una "a la visión de Estado" del documento. "No ha sido fácil encontrar una hoja de ruta", ha apuntado el líder popular que insiste en que puede ser un plan con vocación de permanencia.

Para el presidente de Canarias, hoy se ha dado "un paso de gigantes en la solución del problema". "Desde el minuto cero hemos dicho que esto tiene que ser un acuerdo y un pacto de Estado", ha valorado Clavijo, que ha denunciado que el Gobierno central no ha trabajado por la negociación del reparto de los más 5.000 menores que acoge. 

Además Clavijo, ha defendido que con este acuerdo, el asunto de la inmigración podrá ser tratado como un asunto de Estado en las conferencias sectoriales y de presidentes. El documento será remitido al Gobierno central y que será objeto de esa "tan deseada sentada con el Gobierno de España". 

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