El Gobierno de Canarias está trabajando en un contrato de inspección externo para los centros de menores migrantes del Archipiélago con el fin de conocer "lo que está sucediendo" en ellos, ha informado este lunes el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
Según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias, este contrato busca "tener información casi a diario" de lo que pasa en el interior de los centros que acogen a los menores migrantes, cuya tutela está bajo competencia de la comunidad autónoma.
Denuncia de agresión sexual
Este anuncio surge a raíz de la denuncia que 12 menores de un centro de acogida tutelado por la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI en Las Palmas de Gran Canaria presentaron la semana pasada, en la que exponían haber sido víctimas de golpes e incluso agresiones sexuales por parte de la plantilla del recurso, y que adelantó en su edición del domingo el periódico La Provincia.
Sobre este asunto, el viceconsejero ha apuntado que un equipo de inspección de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario se desplazó el domingo hasta el centro para tomar declaraciones y analizar lo denunciado "de primera mano".
Trabajo coordinado
Cabello ha avanzado que durante este lunes está previsto que el informe se concluyera para remitirlo a la Sección de Menores de la Fiscalía de Las Palmas, con la que el Gobierno de Canarias ha mostrado su intención de "trabajar de forma coordinada".
Cabello ha reconocido que, ante el incremento en la llegada de menores migrantes de los últimos meses, el Gobierno se ha visto "sobrepasado" en cuanto a la "capacidad inspectora" de los distintos recursos que ha tenido que ir abriendo para atender a estas personas, lo que ha provocado que no tenga "del todo supervisado" cada uno de ellos.
Querella previa
La Fiscalía Anticorrupción ya presentó en mayo de este año una querella contra la misma Fundación que gestiona este centro de menores y varios de sus directivos en Gran Canaria y Lanzarote al apreciar indicios de la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión de los fondos públicos que obtenían para realizar su actividad.
También el Ministerio Público se querelló el año 2022 contra directivos de la ONG y de uno de sus centros de tutela, ubicado temporalmente en un complejo de apartamentos del sur de Gran Canaria durante el anterior repunte en la llegada de migrantes del año 2020, en una causa que investiga desde entonces el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana.
En esta segunda ocasión, lo que se trata de dilucidar es si estas personas cometieron delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones.