Después de diez años y una denuncia al Tribunal Supremo, el conflicto entre Canarias y el Estado por el Convenio de Carreteras llega a su fin. 238 millones de euros de lo no pagado que podrán invertirse en gasto corriente, 407 restantes a carreteras y 500 millones de euros que ya se han invertido en diferentes proyectos. Pero, ¿cuándo comenzó todo?
El 31 de enero de 2006, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias llegaron a un acuerdo con el objetivo de “establecer el régimen de colaboración en materia de infraestructuras de carreteras, a los efectos de lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y en su artículo 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio ambas leyes de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias".
Pero el ingreso de parte de ese dinero pactado nunca se llevó a cabo. El gobierno español de aquel entonces, en manos del Partido Popular y bajo el mandato de Mariano Rajoy, se excusó en la crisis financiera de 2008 y en “los momentos difíciles” que España tuvo que afrontar. Rajoy siempre reconoció que había dedicado “menos dinero” a las carreteras de Canarias, pero nunca sintió abandonar al archipiélago como siempre defendieron desde Coalición Canaria, entonces en el gobierno de la autonomía.
El papel del Tribunal Supremo
Tras varios intentos, no fue hasta 2018 cuando el gobierno canario, bajo el mandato de Fernando Clavijo, firmó un nuevo convenio de carreteras con el Estado por 1.200 millones de euros repartidos en ocho años. Pero esa firma no canceló la solicitud al Supremo por parte de Canarias para ejecutar las sentencias sobre los recortes del anterior convenio y reconocer a su favor una deuda de 945 millones.
La firmeza del Gobierno canario fue clara: “No vamos a ceder ante el Estado”. Por ello, anunció que recurriría para conseguir el pago íntegro de los 207 millones de euros que establecía para 2012 el convenio de carreteras, que fueron reducidos a 68 en la Ley de Presupuestos.
El desenlace, diez años después
El 28 de abril de 2022, ya con el Partido Socialista en el poder canario, comenzó el principio del fin de un conflicto que llevaba diez años formando parte de la agenda política del archipiélago. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, dio parte en el Consejo de Gobierno de la Comisión de seguimiento del Convenio de Carreteras. Se confirmó el desbloqueo de los 407 millones de euros pendientes de transferir al Archipiélago y que se ejecutarán en las anualidades de 2026 y 2027. Tras diez años, el enfrentamiento ya tenía fecha de caducidad.
Este dinero forma parte de la última deuda pendiente de 860 millones que el Estado mantenía con Canarias y que llevaba arrastrándose desde la creación del convenio de carreteras 2006-17.
A esos 860 millones, que nunca llegaron a invertirse en Canarias a causa de los recortes presupuestarios, debían sumarse 238 millones en intereses. A día de hoy, y del total, ya 503 millones habían sido entregados y utilizados en gasto corriente. Pero quedaba aún una duda pendiente: ¿en qué invertir los 407 millones restantes? El Estado y Canarias volvían a tener ideas diferentes.
No ha sido hasta el 22 de septiembre de 2022 cuando se ha podido poner un punto y final al problema. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, estrecharon sus manos tras acceder al desatasco que permitirá que, en el presupuesto regional de 2023, Canarias pueda disponer de los 238 millones del superávit para gasto corriente. A estos se les une los ya mencionados 407 millones que formarán parte de la reforma de nuevas infraestructuras del convenio.