La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el proceso de adjuciación de la obra para cerrar el anillo insular de Tenerife, fallo que afea la gestión de Sebastián Franquis (PSOE) al frente de la Consejería de Obras Públicas en el Gobierno autonómico al retirar la concesión a OHL —empresa que lideró la UTE que ganó el concurso— para entregarle el proyecto a FCC, se coló este martes durante la Sesión de Control al Ejecutivo en el Parlamento regional.
Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), actual consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, contestó a las preguntas formuladas por los diputados Miguel Yonathan Martín (CC) y Luz Reverón (Partido Popular) sobre el asunto en cuestión y en sus respuestas fijó como prioridad del Ejecutivo "evitar retrasos en la ejecución de la obra" y "miniminzar el impacto de una posible indemnización" derivada de la sentencia del TSJC para lo que abrió la posibilidad de "buscar vías de negociación extraprocesales".
Interés general
"No le puedo dar respuestas a algunas preguntas", advirtió Rodríguez a su compañero de partido Martín Fumero al recordar que el cambio en el proceso de adjudicación se perpetró con el el Gobierno formado por PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Canaria (ASG), pero subrayó que "cabe recurso contra la sentencia y nada más conocer el fallo se le trasladó a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma porque nuestro objetivo es la defensa del interés general".
El consejero de Obras Públicas, además, fijó las prioridades del área que dirige. "Terminar la obra y minimizar el impacto de posibles reclamaciones económicas", recalcó antes de apuntar que "las indemnizaciones no están previstas y si toca pagar habrá que retrotraer fondos destinados a otras cosas más necesarias. No va a ser sencillo, pero este equipo va a intentar todo lo que esté en su mano en defensa de los intereses de todos los canarios y todas las canarias".
Sin retrasos
"Finalizar la obra", argumentó el consejero nacionalista es lo prioritario "porque este proyecto, que pasa por unir el norte de Tenerife con el oeste y sur de la isla, es clave para el desarrollo y la movilidad de esas zonas". "Pero también es preferente para este Gobierno reducir los posibles sobrecostes".
"La obra", explicó Rodríguez, "está ejecutada por encima del 60% de su presupuesto, que se eleva hasta los 250 millones de euros, y que en base a lo establecido por el fallo judicial hay dos opciones: la primera es que el resto de los trabajos los realice el adjudicatario inicial, OHL, lo cual conllevaría también una indemnización y retrasos en los trabajos; y la segunda es buscar vías de negociación extraprocesales de la ejecución de la sentencia, en caso de que sea firme, que permitan ejecutar las obras sin retrasos y que los posibles sobrecostes por indemnización sean los menores posibles".
En sus preguntas a Rodríguez, tanto Martín Fumero como Reverón destacaron que el cambio en la adjudicación de la obra se sustentó en un informe de una persona externa a la Mesa de Contratación —funcionaria que trabajó en el Servicio Canario de la Salud (SCS) con Conrado Domínguez, al que Franquis eligió como secretario general técnico de la consejería y que ahora figura como investigado por el caso Mascarillas—. Ese expediente, que se centró en materia laboral para descabalgar a OHL de la adjudicación, luego fue puesto en duda por el fallo del TSJC.
"Chapucero"
El consejero nacionalista reconoció que "no es lo habitual" que la consejería recurra a técnicos que no han formado parte del proceso para resolver sus propios recursos, por lo que aprovechó su intervención para "reconocer el buen hacer de los profesionales de Obras Públicas, que tomaron la decisión correcta, como así lo avala la sentencia del TSJC, al adjudicar la obra a OHL". Esa primera concesión se firmó por 213 millones de euros —sin IGIC—, mientras que el segundo contrato, ya con FCC, ascendió a 241 millones.
Martín Fumero calificó como "chapucero" el procedimiento gestionado por el equipo de Franquis, mientras que Reverón consideró "representativo de esa peculiar forma de gestionar el anterior ejecutivo". "Lamento que tenga que ser usted [en referencia a Rodríguez] quien tenga que dar la cara ante este desaguisado y no el PSOE, que tiene fobia a ser transparente y dar explicaciones", puntualizó la diputada regional.