La famosa norma 1:30 para regular el otorgamiento de licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) como Uber ya es agua pasada en Canarias gracias a una reforma puntual y urgente de la Ley de Transporte del Archipiélago. El criterio que había vigente desde 2018 seguía el reparto de una licencia de estos vehículos por cada 30 de taxis, pero en 2023 se fue al garete después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciese que ese parámetro se había establecido de forma arbitraria y debía regirse por cuestiones medioambientales y de capacidad de carga en las carreteras.
Desde que aquella sentencia dejase sin efecto la norma 1:30, en Canarias se ha producido una avalancha de solicitudes de licencias VTC. Las últimas cifras fiables establecen aproximadamente 9.000 solicitudes pendientes en todo el Archipiélago, de las cuales 8.500 aproximadamente eran en Tenerife y Gran Canaria.
Avalacha de solicitudes de licencia
Los cabildos de las islas, que tienen la competencia sobre estas licencias, llevaban desde 2023 denunciando que no tenían medios ni criterios legales para denegar estas solicitudes, que iban a suponer un grave problema para la relación taxi-VTC y para la sobrecarga de las vías. El pasado 12 de agosto, el Consejo de Gobierno aprobó una modificación puntual y urgente de la Ley de Transporte impulsada por la Consejería de Transportes dirigida por Pablo Rodríguez (CC) para, precisamente, dotar a los cabildos insulares de criterios legales acordes a la sentencia del TJUE que les permitan denegar esta avalancha de solicitudes.
Tal y como han explicado este miércoles, primero en comisión parlamentaria y después en rueda de prensa, Pablo Rodríguez y la directora general de Transportes, María Fernández, los cambios introducidos harán que los criterios a disposición de los cabildos para el otorgamiento de licencias sean medioambientales, como la calidad del aire, la capacidad de carga de las carreteras o la congestión de las mismas.
Un año para su desarrollo
Durante el próximo año, los cabildos podrán desarrollar y adaptar a su realidad concreta estos criterios base, de manera que la norma 1:30, que se fijó en su día de forma arbitraria, dejará de tener sentido de por sí. Será en base a estos criterios que los cabildos van a desarrollar durante el próximo año que se establecerán hasta siete relaciones taxi-VTC diferentes (una por cabildo) que habrán de estar justificadas.
Además, tal y como han explicado Rodríguez y Fernández a la prensa, la modificación planteada también afectará a los taxis, por lo que los ayuntamientos de las Islas podrán acogerse a estos criterios para ampliar o reducir el número de licencias de estos vehículos en sus municipios.
Convalidación en el Parlamento
La modificación, que se tramitó como Decreto Ley, está vigente desde el pasado 12 de agosto y el próximo viernes se llevará al pleno del Parlamento para su convalidación por la cámara. Aunque el debate vinculante se dará entonces, este miércoles el consejero de Transportes ha expuesto el contenido del Decreto en la comisión parlamentaria de los Cabildos y todos los grupos parlamentarios han confirmado estar a favor del mismo, por lo que se prevé que el viernes la modificación se convalide.
Del mismo modo, representantes de los siete cabildos han acudido a la comisión de este miércoles y han confirmado estar de acuerdo con la modificación planteada, que desde un primer momento se ha elaborado junto con las instituciones insulares y los representantes del sector del transporte. Aunque los cabildos tienen voz pero no voto en lo que respecta a la comisión parlamentaria (es decir, su opinión no es vinculante), sí es significativo que la modificación haya logrado consenso entre las entidades que tienen la competencia de otorgar las licencias.
Legislar sobre el transporte en Canarias
En cualquier caso, Rodríguez ha instado a los grupos parlamentarios a tramitar la modificación como Proyecto de Ley a fin de que su debate en el parlamento pueda enriquecer la norma y la modificación se abra a aportaciones de los grupos representados en el Parlamento de Canarias.
Además, el consejero ha subrayado que este cambio no supone en ningún caso la modificación integral de la Ley de Transporte que se viene demandando desde hace año desde el sector y el Gobierno de Canarias tendrá que afrontarla en un futuro. Preguntados por Atlántico Hoy, Rodríguez y Fernández han detallado que la Mesa del Transporte rechazó al comenzar la legislatura el anteproyecto de una nueva ley en esta materia que estaba preparando el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres (PSOE) antes del cambio de gobierno de 2023, por lo que el debate sobre cómo adecuar la actual norma (de 2007) a la realidad que viven las Islas en esta segunda década del siglo XXI tiene que retomarse con el sector.