El Gobierno de España ha presentado una medida para blindar el parque de vivienda pública. El objetivo de esta disposición, anunciada este miércoles por Isabel Rodríguez —ministra del sector—, es evitar que las casas de protección oficial puedan ser vendidas a precio libre y cumplan con su función social a largo plazo. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta misma política —presentada como novedosa— ya fue aprobada hace meses en las Islas por el Gobierno de Canarias —con el voto en contra, curiosamente, del PSOE en el Parlamento autonómico—.
El Decreto Ley 1/2024, promulgado el 19 de febrero, introdujo cambios importantes en la normativa canaria de vivienda. Así, establecía que las viviendas protegidas de promoción pública tendrán un régimen de protección permanente. Esta modificación al artículo 49 de la Ley 2/2003 fue pionera en asegurar que la vivienda pública no pueda salir al mercado a precios de venta libre, manteniéndose al servicio de quienes más lo necesitan.
No del Constitucional
“Es necesario blindar el parque de vivienda”, recalcó Rodríguez en una comparecencia en el Congreso sobre la materia. "Los suelos públicos", añadió, "deben servir al interés general para siempre”. La ministra considera un “error” que haya expirado la protección de los millones de viviendas construidas en el pasado. “La desclasificación de las viviendas [como protegidas] hace que no podamos contar ahora con ese parque, esos recursos que fueron sufragados por todos”, puntualizó.
Rodríguez señaló que "hay que ser rigurosos porque no existen varitas mágicas, hay que evitar los palos en las ruedas. Hay muchas medidas que no van a tener efectos inmediatos pero sí van a contribuir a solucionar el problema" y aunque recordó que el Constitucional avaló el grueso de la Ley de Vivienda, el mismo tribunal sí anuló el artículo que incluía el bindaje de la vivienda pública —por lo que el Gobierno estatal necesitará negociar otra vía para conseguir su propósito—.
Aplicación efectiva
La propuesta del Gobierno a nivel nacional refleja las crecientes preocupaciones por el acceso a la vivienda y busca frenar la especulación inmobiliaria. Sin embargo, la implementación de medidas similares a nivel regional, como en el caso de Canarias, subraya que el verdadero reto está en la aplicación efectiva de estas políticas.
Con la nueva legislación, el Ejecutivo central pretende que la vivienda pública se consolide como un bien inaccesible para la especulación, garantizando su carácter social. Pero esta nueva medida ya tiene recorrido en algunas comunidades autónomas, donde se ha demostrado que blindar el acceso a la vivienda pública puede ser una realidad factible.
Control público
En un contexto de crisis de acceso a la vivienda, Canarias parece haber marcado el camino que el resto de España sigue ahora, reforzando el compromiso de mantener la vivienda protegida bajo control público y asegurando que su función no sea distorsionada por el mercado libre.