El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedirle que presente recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada Ley de Amnistía, tal y como anunció en diciembre pasado, cuando declaró que lucharía con todas las armas jurídicas a su alcance.
Se convierte, así, en el primer regidor que toma esta medida, en virtud de un acuerdo municipal del 23 de septiembre de 2023. Bermúdez ha asegurado es su deber como alcalde “actuar en la defensa del bien común, de la ciudadanía a la que me debo, de la Constitución que juré y de los principios democráticos”.
Para Bermúdez viola la constitución
La solicitud del alcalde santacrucero está fundamentada en que "esta Amnistía vulnera la Constitución de 1978, los principios básicos de seguridad jurídica y de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como la independencia judicial, dado que una ley que, en principio, debe ser algo general, se está utilizando como un instrumento político que plantea el privilegio para unos pocos", asegura el Ayuntamiento en un comunicado.
Asimismo, la carta recoge que la Ley "promueve la fractura social y el conflicto entre instituciones, al haber sido vetada por el Senado, en base, entre otros informes, al de los letrados de esa Cámara, quienes también denuncian su inconstitucionalidad y los derechos que entran en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea".
Pone a prueba al Defensor del Pueblo
“Dije que no me iba a quedar de brazos cruzados y no lo he hecho”, ha concluido el regidor, quien considera que, como mínimo, el Defensor del Pueblo debería solicitar un informe a sus Servicios Jurídicos sobre la inconstitucionalidad de esta ley, dado que “es un órgano independiente dentro de nuestro Estado de Derecho”. “Es una magnífica oportunidad -continúa- para que el Defensor del Pueblo demuestre su imparcialidad política, que en su caso es obligatoria, y así debe demostrarlo haciendo cumplir sus estatutos”.
Por último, el alcalde de Santa Cruz recuerda que en la tramitación de esta Ley ha ocurrido un hecho sin precedentes en Democracia, como es la absoluta fractura entre las dos Cámaras, Congreso y Senado “que evidencia que, lejos de la concordia que nos pretenden vender, ha venido a sembrar desigualdad y discordia entre la ciudadanía”.
Hay que recordar que, desde que José Manuel Bermúdez anunció que iba a tomar todas las medidas a su alcance para parar la aplicación de esta Ley, se han unido muchas voces a su consideración de que se debe presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, entre ellas, la de magistrados, asociaciones y partidos políticos.