La Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias ha ordenado el pago de 1,7 millones de euros más, dentro de la línea de ayudas para pequeñas y medianas empresas y personas autónomas afectadas por la erupción del pasado 19 de septiembre en la isla de La Palma, que se distribuirán entre 128 beneficiarias.
El de este viernes supone el tercer pago desde el pasado diciembre, dentro de esta línea de ayudas que tiene por objeto que las empresas beneficiarias puedan enjugar en parte las pérdidas sobrevenidas, ocasionadas por el cierre total o la limitación de la actividad por culpa del volcán.
De esta manera, los pagos acumulados superan los 4,15 millones de euros para 305 pequeñas y medianas empresas y negocios autónomos, “con el fin de que sus propietarios y propietarias puedan afrontar en las mejores condiciones la recuperación económica que, poco a poco, se prevé lograr durante los próximos meses”, según explicó la consejera del área, Elena Máñez.
Más recursos públicos
Por su parte, el director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, recordó que el pago ordenado hoy es solo una parte de los 5 millones de euros adicionales y ampliables que aprobó el Consejo de Gobierno hace dos semanas para este fin y que, en los próximos días, esperan seguir invirtiendo los recursos públicos “para mantener la actividad económica después de una catástrofe sin precedentes” y expuso que el cálculo de su área es que esta ayuda para las empresas y personas autónomas dañadas más directamente por la erupción alcance a en torno a 400.
Pérez incidió además en que “muchas de ellas continúan en situación muy precaria seis meses después de la erupción, por lo que hemos planteado en la convocatoria de ayudas que las empresas y personas autónomas que 3 meses después de recibir la ayuda sigan en la misma situación, puedan optar a volver a recibirla”.
Por otro lado, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo está trabajando junto al Cabildo de La Palma en el desarrollo y determinación de una nueva línea de apoyo a las empresas que, en esta ocasión, estará dirigida al tejido productivo de toda la isla y no solamente a las empresas que se vieron abocadas directamente al cierre o a un cierre temporal de actividad.
La intención es que todas las empresas que hayan sufrido pérdidas directas o indirectas a consecuencia de la erupción puedan tener el respaldo del Gobierno de Canarias.